El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa en el Senado para reformar la Ley General de Vías de Comunicación y la Ley de Aeropuertos, con el objetivo de que las empresas privadas que se encuentren dentro de las terminales aéreas paguen el impuesto predial a las autoridades municipales, ya que hoy, pese a que obtienen fuertes ganancias, no pagan contribuciones.

La iniciativa la elaboraron los priístas Patricio Martínez y Enrique Burgos y en ella se destaca que existen 61 municipios en el país que cuentan con termínales aéreas, de los cuales 34 se encuentran concesionados a tres grandes grupos, que son Aeropuertos del Sureste (Asur), Aeropuertos del Pacífico (GAP), y Aeropuertos del Centro-Norte (OMA), que concesionan locales para bancos, restaurantes, hoteles, estacionamientos, taxis, y el propio servio de transporte aéreo, son servicios netamente que generan cuantiosas ganancias.

Martínez subrayó que con esta iniciativa se busca corregir graves desviaciones que se tienen en la operación de los aeropuertos del país. Hace años, refirió, los aeropuertos operaban como parte del sector oficial, su ineficiencia y las enormes pérdidas que tenía el erario por la operación de los aeropuertos, llevó a que éstos fueran privatizados.

Servicios malos y caros

Se ofreció, a cambio de ello, que los aeropuertos concesionados, tendrían mejor servicio, más inversión y por tener competencia, mejores precios; sin embargo, ustedes senadoras y senadores, dijo Martínez al presentar su propuesta, son testigos de lo que ocurre en los aeropuertos del país: servicios caros, malos, ineficiencia, falta de inversión, falta de adecuación a los volúmenes crecientes que estamos teniendo en el tráfico aéreo, pistas con bajos niveles de mantenimientos, exceso o abundancia de locales comerciales, muchos arrendamientos, caros los servicios de taxis, plataforma y hangares para la aviación privada.

Los priístas Martínez y Burgos plantean que los diversos grupos concesionarios de los aeropuertos del país sean obligados a contribuir a las finanzas de los municipios, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 115 constitucional.

Resaltan en su propuesta que el pago del impuesto predial está dirigido a la posesión del inmueble y no al servicio público de los concesionarios que operan los aeropuertos, por lo que no se les debe eximir del pago del predial, pues una gran parte del predio de los aeropuertos está destinado para otras actividades, como el comercio y la prestación de servicios por particulares, y para ejercer actividades mercantiles con alta rentabilidad.

El senador Martínez dio cuenta de los informes anuales presentados por los grupos aeroportuarios ante la Bolsa Mexicana de Valores: ASUR en 2016, 3 mil 600 millones de pesos; OMA, mil 877 millones de pesos, también en 2016, y el GAP, en 2016, obtuvo 3 mil 600 millones de pesos.