n boca de Gerardo Ruiz Esparza es vituperio, porque según él suspender la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) no sería un problema para el proyecto, sino un descrédito para el país; generaría desconfianza en México, habría una pérdida económica tremenda (y) prácticamente perdería la fe en nosotros la comunidad financiera internacional, quizá la empresarial.

¡Zas!, y lo dice uno de los más desacreditados (y miren que los hay) integrantes del gabinete peñanietista, que aparece involucrado en prácticamente todas las obras públicas en las que se detectan irregularidades, deficiencias o abiertas corruptelas. Recuérdese que lo del Paso Exprés de Cuernavaca no fue la excepción, sino la regla, y ese sí es descrédito real.

Tal declaración se da a raíz de que el candidato con apodo de pez anunció públicamente su intención de interponer amparos contra el otorgamiento de contratos para mantener la construcción del NAICM que comprometan el presupuesto del próximo sexenio, porque, dijo, no aceptaré contratos leoninos, manchados de corrupción, bajo ninguna amenaza... no soy títere de nadie.

Dicho anuncio puso a temblar a todos los involucrados en la megaobra, mientras dos candidatos al hueso mayor (Meade y Anaya) parecen gusanos en sartén. El priísta que no es priísta dice que la ley no se discute y el estado de derecho implica el cumplimiento de los contratos. El señor de Atlanta asegura que se trata de un absoluto disparate, porque ya se realizó inversión. Pues sí, la construcción de infraestructura requiere de estabilidad y certeza jurídica (gobernador del Banco de México dixit), pero no a cualquier precio, y en el caso del NAICM las irregularidades están en el orden del día, y no sólo del gobierno federal.

En este sentido, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa las cuentas de la nueva terminal aérea y, como era de esperarse, están patas para arriba. Si se atienden los resultados del ente fiscalizador, el NAICM tendría que ser rebautizado como la terminal aérea NO: no cuadran las cifras, no se hizo tal o cual obra, no se respetó el presupuesto, no se cumplen los plazos pactados, etcétera, etcétera, y todo ello puede ser calificado como se quiere, menos de sinónimo de estado de derecho, estabilidad y certeza jurídica.

La ASF analizó lo sucedido en el NAICM a lo largo de 2016 (aunque el dictamen se emitió el 12 de enero de 2018), y el resultado no es precisamente un aval a lo dicho por Ruiz Esparza, Meade y/o Anaya. Por el contrario, es una advertencia documentada sobre las prácticas público privadas a la hora de ejercer presupuestos como el destinado a la nueva terminal aérea.

El ente fiscalizador se enfocó a revisar los dineros utilizados en la construcción de la barda perimetral; de subestaciones y la acometida eléctrica; del edificio terminal; la torre de control; la losa de cimentación central de transporte terrestre intermodal; proyectos, gerencia, estudios, asesorías y consultorías; sistema de precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la navegación de las oistas dos y tres, y área de túneles, y algunos rubros más, y como se menciona líneas arriba, el resultado de las auditorías es un NO permanente (léase irregularidades por doquier).

Y en el colmo, presumían (versión oficial) que la megaobra atraería inversiones multimillonarias, una verdadera catarata de recursos frescos que se inyectarían en la economía nacional para crecer más, y resulta que se financia… con dinero de los ahorradores en las Afore (ocho de cada 10 pesos), es decir, con los mismos que se rescató a ICA, empresa que –al borde de la quiebra– participa en la construcción del NAICM.

En fin, del cúmulo de irregularidades en la nueva terminal, documentadas por la ASF, se toman las siguientes, que son enumerativas, pero no limitativas. Van, pues.

Falta de evidencia del seguimiento de los recursos transferidos a la Sedatu (te hablan Rosario Robles) y la Comisión Nacional de Agua por 88 y 122 millones de pesos, respectivamente, para la adquisición de parcelas, pago de avalúos, gastos y honorarios notariales.

No se cuenta con los soportes de las aportaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional efectuadas en las cuatro etapas, con cargo al convenio número tres. Se detectaron errores aritméticos en la determinación de 16 por ciento de IVA de algunos materiales. Se autorizó el depósito por la totalidad de los incrementos pactados en el convenio modificatorio número tres, sin verificar que sólo se debió asignar 50 por ciento y que a reserva de acreditar 40 por ciento de dicha asignación se aportaría el complemento de los recursos autorizados por etapa.

No se cumplió con el plazo señalado en el fallo para la firma del contrato, ya que se sigó hasta el 7 de octubre de 2016, 24 días naturales después de la fecha establecida. No se verificó que se acreditara en la propuesta de la contratista el cumplimiento de 50 por ciento de contenido nacional en materiales, mano de obra y equipo. No se cumplió con el plazo para la entrega del seguro de responsabilidad civil por 3 por ciento del monto de la propuesta. No se puso a disposición de la contratista el anticipo pactado para el inicio de los trabajos, no obstante que la contratista garantizó las labores mediante las fianzas correspondientes. No se ha definido la ingeniería de detalle para la construcción de la cimentación de la galería de cables de potencia y dichos trabajos llevan un atraso de 49 por ciento respecto del programa vigente.

En un contrato de servicios se autorizaron pagos de 39 millones de pesos por concepto de acompañamiento durante el proceso de obra, sin considerar que la obra aún no comenzaba; se consideró en los costos indirectos el rubro comunicación social, el cual no corresponde a un gasto general necesario para la ejecución de los trabajos, ni fue solicitado en la convocatoria ni en el formato entregado por la entidad fiscalizada: no se verificó que en los contratos referentes a la construcción de losa de cimentación y de la construcción del edificio terminal, se considerara que el avance del primero condicionó el inicio de los trabajos del segundo.

Y como las citadas, muchísimas más.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿en serio no hay que revisar nada, porque es un absoluto disparate, la ley no se discute y el estado de derecho implica el cumplimiento de los contratos?

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