Tijuana, BC.

El gobernador Francisco Vega de Lamadrid y el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alfonso Blancafort, colocaron la primera piedra de lo que será la desaladora más grande de América Latina, aun cuando todavía se litiga en un juzgado civil la posesión accionaria de NSC Agua SA de CV, empresa que ganó la concesión de la asociación público privada (APP), y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió un recurso contra el procedimiento usado en el Congreso local para convertir al gobierno estatal en deudor solidario.

Apenas el 7 de marzo, Consolidated Water Co. Ltd –de la que NSC Agua SA de CV es filial en México– anunció en un comunicado, desde su sede en Islas Caimán, la reventa de 55 por ciento de las acciones, con opción a ampliarla hasta en 65 por ciento, del total de la concesión para construir y operar la planta de Rosarito –municipio conurbado a Tijuana– al gestor Blackrock, líder mundial en gestión de inversiones con sede en Nueva York. El acuerdo, dijo, sólo le obliga a retener 25 por ciento de las acciones.

Hay muchos bancos dispuestos a financiar el proyecto de construcción y operación de la planta –que producirá 4.4 metros cúbicos de agua por segundo y permitirá que Tijuana deje de depender del río Colorado para su abasto–, informó Alex Hinojosa, director general del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN o NAD-BANK) –creado por los gobiernos de México y Estados Unidos a raíz del TLC para apalancar obras de infraestructura en la frontera–, quien precisó que la institución al final sólo participará como asesora financiera del proyecto.

Proyecto sobresuscrito

Aunque en sus reportes públicos el banco dijo que aportaría cien millones de dólares –incluso hace un mes estuvo en Tijuana uno de sus directivos, quien dijo que se haría una consulta pública sobre la pertinencia de la obra– en entrevista, al final de la ceremonia de colocación de la primera piedra, Hinojosa señaló: “No estamos ahorita programados para financiar; tenemos un consorcio de otros bancos que sí lo harán… el proyecto está sobresuscrito, es decir hay más dinero de otros bancos”. La construcción de la desaladora durará 36 meses y requerirá una inversión de casi 10 mil millones de pesos.

–¿Qué significa sobresuscrito?

–Los bancos dicen: yo puedo apoyar con tanto, y si sumamos, ya es más de lo que se requiere.

El gobierno de Baja California garantizó a los inversionistas el pago de 149 millones 312 mil 18 pesos al mes durante 37 años, al final de los cuales la desaladora pasará a manos del Estado y los bajacalifornianos habrán pagado alrededor de 76 mil 740 millones de pesos. El estado le comprará toda el agua desalada a Aguas de Rosarito Sapi de CV (la última razón social que usaron para referirse a los dueños de la desaladora) y la venderá a su vez –usando toda la infraestructura de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)– a los usuarios domésticos, comerciales e industriales, como intermediario.

Durante los próximos 37 años, todos los ingresos de la CESPT serán para pagar a la desaladora y además, para firmar la APP que respalda la obra, el Congreso aprobó que durante ese número de años se embargue como fuente alterna de pago el impuesto sobre nómina que se cobra en el estado y/o que se eche mano de cualquier otro ingreso –incluyendo remanentes de participaciones federales– para hacer frente al compromiso con los inversionistas. Habrá un fideicomiso para ello.

Oposición precede al aval

La aprobación de la APP en el Congreso estuvo muy accidentada, no sólo porque los grupos opositores –como Mexicali Resiste– hicieron guardia a los diputados en el recinto parlamentario intentando evitar la aprobación del ya famoso dictamen 95, sino porque como se requería mayoría calificada, los panistas dieron albazo. Convocaron a una sesión extraordinaria para el primero de diciembre anterior con media hora de anticipación para que no alcanzaran a llegar quienes se oponían al dictamen, y con la ayuda del PRD lo aprobaron. Ese procedimiento está impugnado ante la Corte por nueve diputados de la legislatura de BC.

Miltón Rubio Díaz, director general de NSC Agua SA de CV (razón social que se usó para adjudicarse la concesión de la asociación público privada) y a quien en Tijuana se identifica como publirrelacionista y no como empresario, ha sido la cara pública de la empresa Consolidated Water Co. Ltd., ubicada en Islas Caimán, matriz de NSC Agua. Tomó la palabra durante la colocación de la piedra para decir que se usará la tecnología más moderna.

Después, en una entrevista, preciso que para financiar y operar la planta, NSC Agua firmó un acuerdo con Blackrock, quien constituyo Greenfield SPV VII SAPI de CV (sociedad vehículo del proyecto). El 7 de marzo Consolidated Water Co. Ltd identificó en un comunicado firmado en George Town, su sede en Islas Caimán, a Greenfield como quien había adquirido 55 por ciento de Aguas de Rosarito SAPI de CV. Anunció que sólo se quedaría con 25 por ciento de las acciones de la empresa que pujó originalmente por la licitación de la desaladora y que había puesto a disposición de Suez Internacional (empresa francesa que construirá la planta) el otro 20 por ciento de las acciones.

Si Suez Internacional no ejerce esta opción, NSC Agua retendrá 35 por ciento del capital de Aguas de Rosarito y Greenfield adquirirá 65 por ciento restante. Así, la empresa a la que los políticos panistas de Baja California le otorgaron la concesión, la revendieron antes de que se colocara la primera piedra.

En el estado hay muchas dudas sobre quién es el propietario de la empresa que ganó la licitación para construir y operar la planta desaladora de Rosarito por la que los tijuanenses pagarán durante 37 años. Sin embargo, tras varias pesquisas periodísticas se ha ido armando un rompecabezas. Este viernes, el semanario Zeta da cuenta de un juicio civil iniciado por uno de los socios originales de NSC Agua.

Me mintieron: Thompson

Gough Thompson, copartícipe de EWG Water LLC –uno de los afiliados originales, quien asegura que él hizo todo el proyecto– promovió un litigio en el juzgado décimo civil en materia mercantil, pues, asegura, lo engañaron al informarle que el proyecto no estaba avanzando, que era necesario invertir más dinero. Que sus acciones (25 por ciento de la sociedad) valían 37 mil pesos, y cuando decidió no invertir más, un paquete de acciones también de 25 por ciento, pero a nombre de Alejandro de la Vega Valladolid, fue comprado por Cosolidated Water en poco más de un millón de dólares, refiere el semanario.

Thompson acusa a Consolidated Water de pagar a De la Vega Valladolid 1.3 millones de dólares por su 25 por ciento de las acciones, mientras las suyas se han pulverizado: de 10 por ciento a menos de uno por ciento”. De la Vega Valladolid era el único empresario de la entidad involucrado en la desaladora.

A mediados de 2017, cuando La Jornada BC California indagaba el mismo tema, contactó a su abogado, quien confirmó que el empresario había vendido su parte del proyecto y no estaba autorizado para hablar de montos. Thompson litigó ya un juicio en Estados Unidos y consiguió que presentaran el contrato con De la Vega.