Tras el cierre indefinido del centro de distribución de Coca-Cola Femsa en Ciudad Altamirano, Guerrero, por los constantes ataques por parte de grupos delictivos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió a todos los órdenes de gobierno hacer valer el estado de derecho.

En su cuenta de Twitter, Gustavo de Hoyos Walther, presidente del sindicato patronal, lamentó que la impunidad de la delincuencia común, así como la de grupos del crimen organizado vulnere en distintos lugares del país la integridad de los trabajadores, directivos y empresas.

Sostuvo que en casos extremos, la inseguridad es la razón por la que se afectan las operaciones de las compañías e incluso la pérdida de fuentes de empleo.

Así, ante la denuncia hecha por Coca-Cola Femsa de una falta de un estado de derecho y prevalencia de la impunidad en esa entidad, tras haber vivido dos meses de amenazas y agresiones de grupos delincuenciales, De Hoyos Walter exigió a todos los órdenes de gobierno, hagan valer el estado de derecho.

No es la primera ocasión que Coparmex se ha pronunciado por el fortalecimiento del estado de derecho, pues en días recientes recordó que es indispensable reducir los niveles inaceptables de inseguridad en el país, ya que de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sólo 46 por ciento de los mexicanos se siente seguro al caminar solo en la noche en la zona donde vive, mientras el promedio de los países que pertenecen a la organización es de 68 puntos porcentuales.

De Hoyos Walther también ha señalado con anterioridad la necesidad que se apruebe una reforma a la Ley General de Seguridad Pública, iniciativa que fue aprobada por el Senado, pero que fue desechada por la Cámara de Diputados, además de modificar la Ley de Seguridad Interior.

Si bien ayer el líder empresarial se pronunció contra la impunidad en el caso de Coca-Cola Femsa, empresa que es socia del sindicato patronal, también ha expresado que tanto la corrupción como la seguridad pública y la falta de certidumbre jurídica son problemas asociados a la impunidad rampante que priva en México.

En ese sentido ha llamado a reformar el artículo 102 constitucional, para que se de paso a una Fiscalía General de la República, que sea autónoma, que no represente ningún interés político y cuente con la confianza ciudadana.