La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que como parte de la indagatoria sobre el asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada, se investiga a todos los posibles responsables, sin importar si han declarado como testigos protegidos o si pertenecen a algún partido político.

A finales de diciembre pasado se presentaron dos grabaciones durante el juicio contra Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, jefe de sicarios de la célula de Los Salazar y uno de los presuntos responsables materiales del crimen. Dichas pruebas apuntan a que fue el vocero del comité directivo estatal del PAN, Alfredo Piñera Guevara, y su correligionario Hugo Schultz Alcaraz, ex edil de Chínipas, quienes entregaron a narcotraficantes la información que derivó en el asesinato de la periodista. Sin embargo, ambos aparecen en la investigación de la fiscalía estatal como testigos protegidos.

Al respecto, el titular de la dependencia, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, recalcó que mantienen todas las líneas de investigación, incluyendo autoridades locales.

Todas las líneas de investigación con que cuenta la fiscalía federal están siendo tomadas en cuenta, incluso aquellos datos que han salido a la luz pública, se consideran y se integran a las carpetas de investigación como debe ser y de acuerdo con los procesos legales correspondientes, y la fiscalía federal da seguimiento a todas las líneas de investigación sin diferenciar si existe alguna autoridad o alguna persona que sea particular y esté involucrada en los hechos, indicó en entrevista con La Jornada.

Se le preguntó si se analiza una posible protección política en el caso, respondió que todas las líneas de investigación están abiertas y agregó que, a pesar de haber declarado como testigos protegidos, todos los involucrados seguirán siendo investigados.

En cada caso es necesario analizar la situación de cada persona. Si existen pruebas, aun cuando haya dado su testimonio en otro contexto [testigo protegido], si existen pruebas de su responsabilidad, habrá que analizar la situación en el caso concreto y, reitero que todas las pruebas de investigación y todas las personas que pudieran tener alguna responsabilidad, si existe evidencia que permita probarlo, la fiscalía lo investigará.

–¿Pueden ser sancionados los testigos protegidos? –se le preguntó.

–Exactamente.

El titular de la Feadle recalcó que dicha fiscalía ya solicitó la atracción del caso, lo que significaría que será únicamente la instancia federal la que realice las indagatorias. Aseguró que dicha solicitud se debe a la importancia del caso y será un juez el que determine la medida; sin embargo, insistió en que hay elementos para que se autorice.

Desde que sucedieron los hechos, existen esas dos pesquisas; ambas autoridades han estado trabajando en la determinación de lo sucedido y en esa lógica todavía nos encontramos. Habrá resoluciones que determinen lo que corresponde y el Poder Judicial de la Federación será el que, en cumplimiento de la ley, determine lo que procede y la fiscalía federal respetará las decisiones que corresponden al Poder Judicial, agregó Sánchez Pérez del Pozo.

A pesar de ello, sostuvo que buscarán mantener una colaboración con la fiscalía local para que haya un flujo constante de información que lleve a la detención de todos los responsables.

El titular de dicha fiscalía federal también se refirió al resto de los casos de asesinatos de periodistas y reconoció que sus cifras son similares a la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que reporta 132 asesinatos de 2000 a la fecha.

Al analizar 121 de dichos homicidios, 44.5 por ciento de los casos se ha probado que no existió un vínculo entre la agresión y el trabajo periodístico, que son los números históricos de 2010 a la fecha por parte de la fiscalía, indicó.

Todos ellos representan casos cerrados en términos de delitos contra la libertad de expresión y fueron remitidos a las autoridades locales para que continúen las indagatorias en el fuero común.

Reconoció que en 2017 hubo un repunte de asesinatos y agresiones a periodistas. El año pasado la Feadle obtuvo 29 órdenes de aprehensión por homicidios y agresiones contra comunicadores, además de otras tres órdenes de aprehensión dictadas en 2018.

Adelantó que se encuentran elaborando un protocolo de actuación para estos delitos junto con los relatores de las Naciones Unidas y organizaciones civiles, el cual será propuesto como guía para que lo adopten todas las fiscalías y procuradurías estatales.