Con prisas, la mesa directiva del Senado dio entrada ayer a la nueva carta de renuncia de Ximena Puente de la Mora como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), sin que el pleno conociera el contenido del documento que llegó ayer mismo a esa cámara.

Sólo había 10 senadores en la sesión y el presidente en funciones de dicho órgano legislativo, el panista César Octavio Pedroza, rechazó la petición del vicecoordinador de PT-Morena, Zoé Robledo, de que se votara aceptar la renuncia corregida de Puente.

Más tarde, circuló la carta en la que la comisionada trata de explicar su omisión de no especificar a partir de qué fecha deja el Inai, lo que motivó que el Senado rechazara el primer escrito. En la misiva, la colimense expuso que la fecha de su renuncia fue la de la presentación del documento, es decir, el 20 de marzo.

Destacó que, además, en el Senado ya está en curso el procedimiento establecido en la Constitución para cubrir su vacante en el órgano de transparencia.

Con ello, Puente de la Mora afirma haber cumplido con el requisito de informar a esa cámara del Congreso sobre su dimisión, para no incurrir en conflicto de intereses al ser registrada como candidata a diputada plurinominal del PRI.

En tanto, el presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, informó que la noche del pasado 21 de marzo, Puente envió un alcance a su oficio de renuncia en el que hizo una rectificación específica para establecer la fecha en que se separa del cargo.

Cuestionado sobre la posibilidad de iniciar una investigación en contra de la ex presidenta del Inai por conflicto de intereses, aseguró que corresponde al Órgano Interno de Control del instituto determinar si procede o no, pues es totalmente autónomo y todos los comisionados somos susceptibles de ser denunciados por cualquiera que crea que alguien ha actuado fuera de la ley.

Luego de negarse a calificar la actuación de la colimense, informó que los integrantes del Inai aceptaron la propuesta del consejo consultivo del organismo para incluir en su código de ética una previsión para que ningún comisionado en funciones o que recién concluya su mandato busque algún puesto de elección popular.