usto al cumplirse un año del asesinato en la capital de Chihuahua de Miroslava Breach, quien era corresponsal de La Jornada en la entidad, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, acusó a este diario de usar ese crimen aún no esclarecido y extendió la acusación a la Procuraduría General de la República (PGR), la cual ha decidido, por conducto de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), atraer el caso tras los 12 meses transcurridos sin que la instancia estatal de procuración de justicia haya sido capaz de ofrecer una explicación convincente y clara de la muerte de nuestra compañera, de despejar las dudas y de detener a los presuntos responsables materiales e intelectuales de la agresión mortal y fincarles cargos ante un tribunal.

No fue esa la primera muestra de hostilidad del mandatario chihuahuense hacia La Jornada; la víspera, el político panista denegó a un reportero de este diario una entrevista que le fue solicitada por escrito desde el pasado 16 de marzo para que, en el contexto del primer aniversario del asesinato de Miroslava, diera a conocer en estas páginas su versión del episodio y de la fallida pesquisa subsecuente; ante la insistencia del periodista, Corral lo acusó de venir a provocar. Cabe aclarar que desde abril del año pasado el funcionario se ha negado a formular declaraciones a los reporteros de La Jornada. A pesar de ello, este medio ha consignado de manera puntual los dichos del gobierno de Chihuahua sobre la investigación correspondiente, pero ha informado también sobre las inconsistencias y las deficiencias en la acción de las autoridades locales, las cuales están muy lejos de haber agotado las líneas de investigación y se han negado a investigar a los políticos panistas Hugo Amed Schultz Alcaraz, ex alcalde panista de Chínipas, y Alfredo Piñera Guevara, vocero del comité estatal del PAN, quienes, de acuerdo con las investigaciones de la propia fiscalía chihuahuense, entregaron a narcotraficantes la información empleada para ubicar y matar a nuestra corresponsal. El secretario particular de Corral Jurado, José Luévano, por su parte, estaba al tanto de las grabaciones que sustentan ese dato desde antes del crimen.

Las deficiencias referidas han sido señaladas por La Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM y el Foro Nacional de Periodistas entre otros organismos, así como por diversas voces académicas, políticas y periodísticas. Ayer, la organización Artículo 19 afirmó que en Chihuahua el ambiente sigue siendo adverso a la libertad de expresión debido a la violencia institucional imperante contra la prensa durante el gobierno de Corral, y en el caso de Miroslava abundó: a pesar de que se dio a conocer la detención el presunto autor intelectual, la investigación también debe garantizar la reparación del daño de la familia, así como el procesamiento de todos los implicados, situación que al momento no ha sucedido. Por el contrario, Artículo 19 tiene conocimiento de que no se ha dado acceso a la indagatoria a las víctimas indirectas del delito, razón por la cual la impunidad y la falta de acceso a la justicia para la familia aún prevalece en el asesinato de la periodista.

Tan grave e inaceptable como la actitud omisa y negligente de la fiscalía estatal es la actitud dual del propio gobernador, quien en su discurso público reivindica la memoria de nuestra corresponsal pero en el privado se expresa en términos que conllevan la revictimización de la periodista asesinada y hostiliza a sus familiares al negarles la condición de víctimas. Como se dio a conocer ayer en estas páginas, mientras que ante los medios Corral Jurado se refiere a Miroslava como una comunicadora valiente que fue silenciada por la vía de un asesinato cobarde, en una reunión con familiares de la víctima ocurrida en enero pasado afirmó que ella tuvo la culpa por pisarle los callos al diablo, se mofó de una hermana de Miroslava y la amenazó diciéndole que algo le iba a pasar también a ella si seguía pisando callos.

En suma, a un año del crimen de nuestra corresponsal en Chihuahua el gobierno estatal no ha resuelto nada y acaso para desviar la atención de su ineficiencia –o, peor aun, de lo que algunos empiezan a ver como afán de encubrimiento–, su titular, Javier Corral Jurado, echa mano de modales toscos, violencia verbal y acusaciones disparatadas. La Jornada no usa en ningún sentido la muerte de Miroslava; simplemente, exige esclarecimiento y justicia, no cejará en esa demanda y no se dejará intimidar por la hostilidad de ningún funcionario.