La forma de hacer periodismo en el país ha cambiado. Dependiendo de cada región, estos profesionales han tenido que adaptarse a nuevas prácticas ante los constantes riesgos que enfrentan, ya sea por amenazas del crimen organizado o por funcionarios públicos, agresiones físicas y verbales, ataques que, incluso, llegan al asesinato.

Estados como Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán son los ejemplos más notorios, pero no los únicos, detallaron varios comunicadores del país consultados por La Jornada.

En cada zona la realidad local obliga a adoptar medidas distintas, que van desde la comunicación permanente entre los propios reporteros para notificar sus traslados, hasta pedir permiso a quienes controlan retenes, sin tener certeza de si se trata de pobladores, crimen organizado, autodefensas o policías, para poder realizar una cobertura.

En Chihuahua, donde fue asesinada el 23 de marzo del año pasado la periodista Miroslava Breach, corresponsal de este diario, hay casi 10 reporteros que se han visto obligados a dejar la entidad, e incluso el país, ante amenazas.

El crimen organizado lleva años aquí, pero nunca se habían metido con los periodistas, y ahora hay políticos de por medio, nunca había sido el crimen organizado junto con el poder político, eso es lo que ha hecho la diferencia. A nadie le cuadra o piensa que esto (el asesinato de Miroslava) fue por el mero crimen, fue por denunciar al crimen en su relación con partidos políticos.

El caso denunciado por Breach, relacionado con candidatos y funcionarios municipales ligados directamente a líderes de agrupaciones delictivas, sigue vigente. En Chínipas, una de las demarcaciones denunciadas por la periodista, el PRI postuló para la alcaldía en las elecciones de este año a Salomé Ramos Salmón. Su hermana está casada con Alfredo Salazar Ramírez, acusado de ser lugarteniente del cártel de Sinaloa y uno de los líderes del grupo conocido como Los Salazar, e hijo de Adán Salazar Zamorano, Don Adán, ambos detenidos por su presunta participación con grupos de la delincuencia organizada.

Hace sólo dos semanas, el dirigente estatal priísta en esa entidad, Omar Bazán Flores, respaldó a su candidato y dijo que no hay ninguna investigación en su contra. Los medios locales lo hemos tratado con mucha cautela. El PRI salió a defender a su candidato y ningún reportero fue a buscar otra versión o a cuestionar, por temor, declaró un periodista de la entidad.

En Tamaulipas la realidad es similar. Ahí el temor no sólo es al crimen organizado, sino a otros periodistas que han sido cooptados por el narcotráfico.

Un reportero narró la forma en que fue secuestrado hace unos años por alguien que ordenó darle trámiteo asesinarlo. Al final, su captor decidió liberarlo.

El caso contrario es Veracruz, donde las amenazas y los asesinatos de periodistas han logrado una unión en gran parte del gremio y tratan de estar comunicados por distintas vías para detallar cuando uno va a realizar las coberturas. Aquí se acabaron las exclusivas por motivos de seguridad, explican quienes se dedican a esta profesión.

Esta entidad encabeza el registro con mayor cantidad de periodistas asesinados en años recientes; por lo menos 21 en tres sexenios.

Las amenazas, narra una periodista, no sólo provienen del crimen organizado, sino de los gobiernos locales.

En los municipios hay más impunidad, los alcaldes no rinden cuentas. Hay muchos casos de compañeros que no se les permite la entrada porque la alcaldesa o el presidente dice que no le gusta lo que están publicando.

Los distintos grupos del crimen organizado que existen en Guerrero y la zona colindante con Michoacán también agravan el problema. Ahí hay que tener autorización de quienes participan en los retenes en las carreteras o las entradas a las comunidades, en caso lo contrario, es común que los retengan, les roben cámaras, celulares y automóviles.

En Michoacán, además, hay medios locales que tienen juntas con los líderes de los grupos criminales en las que éstos establecen qué tipo de información no les gusta. También ofrecen dinero a los dueños de dichos medios.

A pesar de ello, más que complicidad, explicó un periodista de la zona, es la única opción que tienen, ya que si se niegan a recibir el pago es común que poco tiempo después desaparezcan.