Al enterarse de que la periodista Miroslava Breach Velducea había sido asesinada (el 23 de marzo de 2017), el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, quedó impactado. Unos meses antes del crimen, la corresponsal de La Jornada en Chihuahua lo había entrevistado, precisamente acerca del tema que pudo haber causado el homicidio: la relación entre políticos y crimen organizado.

Esa entrevista y el seguimiento de su trabajo que realizó durante décadas como reportera, lograron que Jarab se percatara que se trataba de una profesional diferente. Miroslava era, afirma, periodista y a la vez defensora de derechos humanos.

En entrevista con este diario a propósito del primer aniversario del asesinato de Breach Velducea, Jarab demandó llevar las investigaciones del caso hasta las últimas consecuencias; por lo cual todos implicados, aun si son servidores públicos, deben ser sancionados. Enfatizó que los crímenes contra periodistas en el país se mantendrán mientras no se ataque la principal causa que los genera: la impunidad.

“La conocí en una entrevista en noviembre de 2016. Me preguntó (entre otros temas) acerca de los vínculos entre políticos y delincuencia organizada.

“Me impactó terriblemente saber que fue asesinada. Era una periodista muy respetada, muy conocida por los temas (a los que daba seguimiento) que verdaderamente son de derechos humanos.

Muchos de los periodistas víctimas de la violencia son quienes cubrían la nota roja. Pero Miroslava se desempeñó durante mucho tiempo en temas de protección al medio ambiente, de las comunidades indígenas, contra el feminicidio. Es una figura importante en la protección a las garantías fundamentales. Era periodista y defensora de derechos humanos al mismo tiempo, enfatizó.

Cualquier agresión contra periodistas preocupa a la ONU-DH. Y si bien, señaló, la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es un avance para brindar auxilio a los reporteros en riesgo, ésta es sólo una herramienta reactiva que se quedará corta si no se tienen investigaciones buenas y exhaustivas de todas las violencias y no sólo de los asesinatos, que son la forma más extrema de agresión.

Para Jarab, si no se combaten las altas tasas de impunidad por cualquier tipo de agresión contra el gremio no habrá efectos preventivos y los crímenes continuarán. Nuestro llamado es siempre a investigar. Tenemos 12 asesinatos durante 2017, pero también deben atenderse las amenazas y las agresiones (físicas o verbales). En muchos casos, como en el de Miroslava, hubo amenazas previas al homicidio.

–¿Por qué la impunidad? –se le preguntó a Jan Jarab.

–Son varios factores; por un lado, las fiscalías están mal financiadas y les falta personal. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República (PGR) tiene hoy un presupuesto 50 por ciento menor que hace cuatro años.

“Por otro lado, hay funcionarios públicos protegidos. Y finalmente, cómo y cuándo se investiga. No son los casos de Miroslava y Javier Valdez Cárdenas (corresponsal de La Jornada en Sinaloa asesinado el 15 de mayo de 2017), pero sí hay casos en los que no se toma como línea de investigación fundamental la labor periodística de las víctimas.”

Acerca del asesinato de Breach Velducea, el representante de la ONU-DH demandó que se realicen todas las indagatorias y se aborden todas las líneas de investigación posibles hasta dar con los responsables y alcanzar la justicia.

“Tal vez se ha avanzado más que en muchos otros casos pero, por otro lado, estamos conscientes de que persisten dudas de la familia y de las organizaciones que han acompañado el caso acerca de si se ha investigado todo lo necesario (…)

No se debe proteger a nadie que esté implicado, cualquiera que sea la persona que haya sido asesinada. Hay que garantizar que no hubo participación de servidores públicos, y no hablo sólo del caso de Miroslava. Además, en un caso de esta magnitud debe haber una estrecha colaboración entre la autoridad federal y la estatal, aunque eso puede ser poco realista, porque hay fuertes tensiones entre ambas.