s ampliamente conocido que la administración federal elevó sustancialmente la deuda pública. Medida como proporción del PIB pasó de 37.2 por ciento, en 2012, a 48.7, en 2016. En 2017 disminuyó esta proporción a 46.2, pero no como resultado de alguna clase de control, sino gracias a los remanentes de operación del Banco de México. La deuda pública sin estos recursos provenientes de Banxico hubiera crecido más de 13 puntos del PIB, lo que es impactante, sin que la economía se beneficiara mínimamente de este endeudamiento adicional. La deuda pública externa representa 37 por ciento del total, consecuentemente la interna equivale a 63 por ciento.
El pago de intereses, comisiones y gastos de esta deuda tanto interna como externa durante 2017 ascendió a 597 mil millones de pesos, 21 por ciento más que en 2016 y prácticamente el doble de lo que se pagó en el último año del sexenio anterior. Este monto equivale a 12 por ciento del Presupuesto de Egresos aprobado para 2017 por la Cámara de Diputados. Este gobierno quedará marcado por estos incrementos de la deuda pública y del creciente pago de intereses y, sobre todo, porque no tuvo ninguna repercusión en el crecimiento de la economía mexicana.
La próxima administración federal tendrá que hacerse cargo de esta deuda y pagar los intereses que corresponda, limitando significativamente su capacidad de maniobra. Por ello resulta de interés la propuesta que desarrollaron economistas del Banco de Inglaterra, del Fondo Monetario Internacional y Robert Shiller, premio Nobel de Economía en 2013. Esta propuesta fue solicitada por el gobierno chino y el alemán, en su calidad de presidentes del G-20. El planteo es que los gobiernos de los diferentes países modifiquen su forma de emitir deuda, ligándola a los recursos de los que dispondrá, sustituyendo las emisiones actuales que son en monedas duras a las tasas de interés prevaleciente en el mercado. Se trata de emitir bonos ligados al PIB para que los gobiernos se financien.
La idea es similar a lo que hacen las empresas corporativas cuando emiten participaciones accionarias. Del mismo modo que las empresas, los gobiernos pagarían a quienes adquirieran sus bonos proporcionalmente a los recursos de los que disponen, medidos por su producto interno bruto. De esta manera la razón entre el precio respecto al PIB es igual a la que existe entre el precio de las acciones en relación con los rendimientos de las empresas corporativas. Los proponentes de esta propuesta señalan que estos bonos ligados al PIB crearían espacio fiscal para enfrentar dificultades.
Estas posibles dificultades financieras de los países se presentan cuando los gobiernos tienen que pagar el servicio de una deuda contraída en dólares. Con dificultades de balanza de pagos rápidamente se presentan situaciones de sobre endeudamiento, que impiden que los gobiernos pueda refinanciar sus deudas. De esta manera quienes terminan pagando son los contribuyentes y no quienes al comprar bonos gubernamentales tomaron un riesgo. Los bonos ligados al PIB permitirían enfrentar estas dificultades.
En la argumentación que justifica esta propuesta, Shiller señala que la crisis que ha enfrentado la economía global en los últimos 10 años ha provocado montañas de deuda gubernamental, dificultando que los gobiernos puedan implementar políticas fiscales capaces de responder a la crisis. En nuestro país, el gobierno federal ha incrementado significativamente la deuda pública para financiar gastos innecesarios. Su magnitud, sin embargo, será un problema para quien conduzca al país a partir del 1º de diciembre de este año.
Hay que señalar que la emisión de este tipo de deuda ligada al PIB es posible hacerla cuando no se enfrentan dificultades financieras o de balanza de pagos. Una vez estallada una crisis es imposible. Por eso tiene una enorme importancia considerar la emisión de estos bonos de duda ligadas al PIB como un mecanismo que pudiera darle al gobierno que resultara electo en julio un margen de maniobra suficiente para instrumentar las políticas fiscales que considerara convenientes.
