l octogésimo aniversario de la Expropiación Petrolera fue conmemorado por el gobierno en una apresurada ceremonia que ocupó 65 minutos en la agenda del presidente Enrique Peña Nieto el viernes 16 de marzo –menos de un minuto por año transcurrido. Una escenografía ad hoc, erigida tras el presídium y frente al busto del presidente expropiador, casi ocultándolo de la vista de los invitados, bien seleccionados para aclamar la perorata del presidente desnacionalizador, que se extendió por 14’ 24’’. (Su texto íntegro no se recoge, por cierto, en la página web de la Presidencia, pero puede verse en youtube.com.)

La exposición partió de una cita de Lázaro Cárdenas, quien definió como fin último del acto expropiatorio (palabra ésta que el orador pronunció con dificultad) el proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos. En seguida admitió que este mandato no se había cumplido a cabalidad, pues el desempeño de Pemex no correspondía a la magnitud de sus operaciones, mucho menos a su potencial y había propiciado un gradual declive de su producción. En tales condiciones, afirmó más adelante, resultaba imperativo crear un nuevo régimen legal, que le permitiera a la empresa fortalecer sus operaciones, revertir el declive en la producción y generar mayor riqueza para los mexicanos. Subrayó que, con la reforma energética, inter alia: hoy se permite la participación privada en todos los mercados de hidrocarburos; la empresa asume, como fin último, generar valor para la sociedad; ya se ha conseguido un desarrollo más dinámico de esta rama vital de nuestra economía, y, al concluir este sexenio se habrán formalizado compromisos de inversión por 200 mil millones de dólares, que serán la base de su desarrollo futuro.

Habría que señalar que el declive de la producción no se ha revertido. La extracción total de crudo (en miles de barriles diarios) descendió año con año de 2013 (2 mil 522) a 2017 (mil 948) y en enero de 2018, última cifra mensual disponible, se situó en mil 929. Si se toma a las reservas remanentes de hidrocarburos como el indicador más amplio de la base física para generar riqueza para la sociedad, se tiene que éstas (en millones de barriles de petróleo crudo equivalente) se han desplomado de 42 mil 158 en 2014 a 22 mil 149 en 2017 (última cifra disponible). A cuatro años de promulgada la reforma, la participación de agentes privados en las actividades centrales del sector sigue siendo menos que marginal. El dinamismo en los años recientes ha correspondido a las pérdidas de la empresa: la pérdida neta (en miles de millones de pesos) escaló de 26 mil 900 al 31 de diciembre de 2012 a 352 mil 262 en igual fecha de 2017. Las inversiones (com)prometidas en los contratos adjudicados pueden realizarse en las fechas previstas, en diversos momentos de los próximos años, o posponerse y recortarse o no materializarse nunca, pues en muchos casos se refieren a recursos aún no localizados. A la fecha, un experto universitario estima que la inversión que realmente cabe esperar se sitúa entre alrededor de 3 mil y 4 mil 500 millones de dólares en los próximos cinco años. Por su parte, la CNH informa que los ingresos del Estado acumulados hasta diciembre de 2017 en función de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos no alcanzan 250 millones de dólares. Magros resultados, desde cualquier punto de vista.

Califico de desnacionalizador el discurso porque en su decurso se priorizan, entre otros, el concepto de que Pemex comparta riesgos con empresas privadas, sin mencionar que las más significativas entre éstas serán extranjeras y, al aliviar el riesgo financiero de Pemex, introducirán otros peligros, de orden operativo y político, por ejemplo, al liderar la explotación de yacimientos transfronterizos o al vulnerar la seguridad energética de la nación. Se da la bienvenida a la noción de que regresen al país algunas de las corporaciones petroleras expulsadas en 1938 o sus herederas, así como algunas empresas de servicios. Desnacionalizar es incorporar de nuevo al país al coto de caza global de esas empresas, cuyas prácticas expoliadoras han cambiado en la forma pero no en su esencia. El rostro más visible de la desnacionalización será la instalación de estaciones de servicio de, entre otras, BP o Repsol. Se afirma que significará una aportación técnica mayor y se exalta que fortalecerá la soberanía del consumidor. Quizá haya en todo esto un salto, pero un salto al pasado, un salto a antes de 1938.

Peña Nieto considera que el futuro de la reforma energética será tema de decisión en el actual proceso electoral: “en democracia –dijo– los mexicanos tendremos oportunidad de comparar la consistencia y la congruencia de distintas propuestas políticas para el desarrollo del sector energético”. Y ofreció una visión claramente distorsionada de las disyuntivas: a) cancelar o preservar la libertad de los consumidores de elegir entre distintas opciones; b) regresar a un modelo cerrado o privilegiar la apertura y la competencia, y c) obligar a Pemex a asumir riesgos excesivos o permitirle asociarse con otras empresas.

¿Son estas tres las alternativas verdaderas?

Ignoró que existen otras disyuntivas, entre ellas: a) maximizar la extracción de crudo y mantener el sesgo exportador o ajustar la producción a un consumo nacional cada vez más eficiente, orientado a la transformación industrial más que a la oferta de combustibles fósiles; b) mantener la política de exportar lo más posible y cuanto antes o establecer un margen de exportación definido a la luz de la necesaria recuperación de reservas suficientes en el muy largo plazo; c) continuar adquiriendo importaciones cada vez mayores de gasolinas y otros combustibles o reducirlas en forma acelerada mediante la modernización y ampliación del sistema nacional de refinación; d) dedicar proporciones crecientes del crudo y el gas extraídos a alimentar un poderoso sector petroquímico nacional, que dé origen a nuevas cadenas productivas, o continuar privilegiando el uso de los hidrocarburos como combustibles industriales, domésticos y de transporte, y e) continuar la monetización forzada y ruinosa de activos de infraestructura y productivos de la empresa o asegurar una pronta y adecuada compensación por aquéllos de que se le privó al no asignárselos en la ronda cero. La campaña político-electoral permitiría, en efecto, discutir estas y otras alternativas y de su resultado podría desprenderse un claro mandato popular para el rumbo energético de la nación.