a caída del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, en el contexto de las historias de corrupción política y electoral relacionadas con la empresa Odebrecht, subraya la virtual inacción a fondo en la vertiente mexicana y el poderoso manto de impunidad que, desde la máxima altura del Poder Ejecutivo federal, se ha tendido sobre el caso, trastocando y arrollando la normalidad institucional del país y exhibiendo a escala internacional a México como el único lugar donde las complicidades mafiosas siguen triunfantes.

Cierto es que la rivalidad entre dos hijos del ex presidente Alberto Fujimori crearon las condiciones en Perú para dar allá mayor fuerza al escándalo Odebrecht y para orillar al hijo de un médico alemán a dejar la presidencia de la República. Keiko y Kenji Fujimori, feroces contrincantes políticos, han participado en una guerra de videos delatores que enloda a la clase política y en particular a quien fue presidente hasta hoy.

En México, en cambio, la nota dominante ha sido el prolongado esfuerzo hecho desde Los Pinos para ocultar el tema, disolverlo mediáticamente y poner a salvo a los principales partícipes, principalmente a Emilio Lozoya, personaje clave en la recepción de sobornos de la firma con sede en Brasil, que entregó millones de dólares a quien era coordinador de relaciones internacionales de la campaña del entonces candidato priísta a la Presidencia de México, Enrique Peña Nieto, y que luego, ya como director de Petróleos Mexicanos, devolvió favores al autorizar contratos muy ventajosos para la mencionada Odebrecht.

El principal problema para Peña Nieto y el PRI no es la realización y denuncia de actos corruptos en sí. Día tras día los mexicanos van sabiendo del metódico saqueo de recursos públicos que practica una clase política criminalmente rapaz. El robo de los fondos del presupuesto público a manos llenas es tan evidente, y resulta tan cotidiano, que la difusión y exhibición de sus detalles impacta cada vez menos a una ciudadanía en extrema condición de valemadrismo, si acaso desahogada mediante burlas, críticas en redes sociales y la minusválida esperanza de que, un venturoso día, un buen golpe de suerte en las urnas comience a remover milagrosamente la acumulación de podredumbre y delictividad en el sistema político mexicano.

Pero el caso Odebrecht parece rebasar las penosas marcas de anestesia cívica de los mexicanos. No sólo no se ha intentado hacer algo parecido a la justicia, sino que de manera sistemática se han realizado graves hechos jurídicos e institucionales contra esa idea de justicia. Las bajas en el camino son impresionantes: el fiscal federal para delitos electorales, Santiago Nieto, fue tumbado del cargo mediante presiones, amenazas y tretas sucias, según él ha hecho saber ahora, para impedir que avanzara en la investigación de los nexos Odebrecht-campaña presidencial de 2012. El procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, dejó su oficina el 16 de octubre del año pasado, luego de anunciar que el expediente Odebrecht, en su parte relacionada con México, estaba plenamente integrado, cerrado, y que en unos días habría las consecuentes acciones judiciales, mismas que seis meses después no han asomado ni milimétricamente.

La magna confabulación que ha estancado el caso Odebrecht en México tiene como referencia las elecciones de julio próximo, sumamente peligrosas para Los Pinos y el PRI. De haberse permitido que avanzara una investigación judicial medianamente respetable, se habrían conocido entretelones muy indicativos de un financiamiento con fondos extranjeros para la campaña presidencial priísta de 2012. De consolidarse jurídicamente la hipótesis, el registro del partido de tres colores estaría en riesgo, así como la postulación de sus candidatos a puestos de elección popular en 2018, entre ellos el propio José Antonio Meade Kuribreña.

Funámbulo en el asunto de los contratos petroleros y la reforma energética (se denomina así al acróbata que realiza ejercicios sobre la cuerda floja o el alambre, según el diccionario de la RAE), Andrés Manuel López Obrador ha dejado sueltos algunos hilos discursivos que ahora sus adversarios tratan de jalar, tratando de quitarle su red electoral de protección. Contrastadas las posturas suavizantes del empresario Alfonso Romo (quien busca tranquilizar a los hombres del gran capital) y de impulsores de Morena, como el escritor Paco Ignacio Taibo II (quien ha recordado los compromisos programáticos del joven partido en cuanto a revertir dicha reforma), el candidato tabasqueño ha pronunciado palabras de congruencia con la esencia de ese partido que, a la vez, han inquietado a grandes negociantes.

Ese tema, y el del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, están siendo entretejidos en una prenda para consumo propagandístico que retoma el postulado de que AMLO es un peligro. Ayer, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, llamó a López Obrador a dialogar sobre ese tema: Queremos discutirlo a profundidad, técnicamente, pero no desde el punto de vista de estado de derecho, porque ese está claro: los contratos se deben de honrar (... ) Y los demás temas también, porque tanto el aeropuerto como la reforma educativa, la energética, tienen beneficios importantes y además retos que hay que afrontar.

Astillas:

Luego del mal ejemplo de Miguel Ángel Mancera, haciendo chicanas para brincar del gobierno de Ciudad de México a una candidatura a senador por el PAN, utilizando a Chiapas como plataforma, ahora el gobernador de esta entidad, Manuel Velasco, aprovecha para postularse como candidato a senador por el partido Verde… Dice el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, que no hay que temer: el convenio con Facebook, asegura, no implica que esta empresa se vaya a apropiar de datos electorales, como hizo en otros países Cambridge Analytica, firma que ya está presente en el escenario mexicano, esperando que los funcionarios locales le den permiso o no de hacer lo que ha hecho en otros países… ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx