Culiacán, Sin.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sinaloa tiene abiertos al menos 400 expedientes por tortura, informó el fiscal, Juan José Ríos Estavillo. En algunos de estos legajos se involucra a personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Durante la entrega de simuladores de tiro de la embajada de Estados Unidos al Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, anunció que Sinaloa tendrá pronto una fiscalía especializada para la investigación del delito de tortura.

Hace dos días el director de la policía de investigación del estado (antes ministerial), Marco Antonio Almanza Avilés, reconoció que durante la administración de Mario López Valdez se usó la tortura como método de investigación de la Policía Ministerial, que estaba a cargo de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez.

Entre 2011 y 2015 hubo ocho casos que ameritaron recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). Según consta en los expedientes, las víctimas fueron torturadas por policías ministeriales para que firmaran declaraciones autoinculpatorias y esa fue la única prueba para encarcelarlos.

En sus denuncias ante la CEDH, los afectados señalaron que fueron asfixiados con vendas y agua; recibieron choques eléctricos y golpes mientras eran colgados de las extremidades o tirados en el piso. Una mujer declaró haber sido víctima de abuso sexual por parte de los agentes ministeriales.

Almanza Avilés dijo que policías que fueron acusados de tortura se jubilaron y otros se encuentran en ese proceso, pero la fiscalía de Sinaloa no ha dado a conocer cuántos están acusados de haber cometido estos actos ni cuántos se pensionaron.

Este miércoles, Ríos Estavillo, titular de la fiscalía, advirtió que la jubilación es un proceso administrativo que no interfiere con las investigaciones.

Algunos de los expedientes fueron abiertos por recomendaciones de la CEDH (cuyo titular en la administración pasada era Ríos Estavillo, hoy al frente de la Fiscalía) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Aunado a lo anterior, se iniciaron procedimientos administrativos en contra de los agentes señalados; actualmente siguen en trámite, por lo cual la Fiscalía debe esperar a que el órgano de control interno, encargado de analizar los casos de presuntas responsabilidades administrativas, concluya el proceso.

Hay que ver la recomendación, a ver qué determina. Si esa recomendación no fue impugnada o apelada, si la autoridad superior o un órgano nacional fue el que determinó esa circunstancia. Cada caso tiene que ser analizado, dijo el fiscal.

Resaltó los avances que ha tenido el país en el combate a la tortura y la creación de las fiscalías especializadas en los estados, las cuales, pronosticó, desempeñarán un papel importante.