Aunque niños y adolescentes cuyas escuelas tuvieron daños por los sismos de septiembre pasado ya tienen clases, la calidad educativa que reciben no es la ideal, pues se encuentran en aulas temporales y con jornadas reducidas de dos horas, alertó la organización internacional Save the Children.

En conferencia de prensa, Fátima Andraca Artigas, coordinadora nacional de Respuesta Humanitaria de la organización, dijo que también existen aulas temporales en las que no se consideró la higiene y saneamiento. Entonces, como hay pocos baños, los niños van a clases de ocho a diez o de diez a doce.

Expresó también preocupación por el abandono escolar, pues señaló que cuando se suspenden clases de uno a tres meses hay un porcentaje muy importante de deserción. En Puebla, añadió, reportaron que 1.6 por ciento de los alumnos dejaron la escuela después del sismo.

Señaló que seis meses después del movimiento telúrico, miles de familias continúan viviendo en la calle debido a que hay casas que no fueron censadas, se incrementaron precios de los materiales para la reconstrucción y el costo de mano de obra, se han reportado casos de tarjetas clonadas y condicionamientos de las autoridades para recibir ayuda.

Los datos oficiales, aseguró la organización, presentan un escenario de recuperación alarmantemente lento, donde 28.8 por ciento de las viviendas y 66 por ciento de las escuelas con daño total a escala nacional han iniciado su reconstrucción, lo cual no corresponde con las fechas compartidas por las autoridades.

De igual manera, alertó sobre la falta de información oficial actualizada y que algunas comunidades, como Juchitán de Zaragoza e Ixtaltepec, en Oaxaca, presentan condiciones de vida precaria. En el Istmo, agregó, las familias afectadas por el terremoto del 7 de septiembre no obtuvieron el censo de sus casas.

Sobre los costos de los materiales, Andraca Artigas mencionó que en el caso del tabique, duplicó su precio, pues actualmente se compra hasta en ocho pesos en zonas dañadas de Oaxaca.

María Josefina Menéndez, directora ejecutiva de Save the Children, demandó que todas las organizaciones –incluidas las dependencias gubernamentales– que recibieron donaciones transparenten su información y que se haga una revisión de la política de reconstrucción.