Al suscribir con autoridades electorales del país la Declaración por la Democracia y la Legalidad para los comicios de este año, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se comprometió a que los gobiernos estatales ejercerán sus presupuestos de forma responsable e imparcial, en especial en los programas sociales.

Por su parte, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que respetar las reglas del juego contribuye a la estabilidad y la paz pública”.

Durante la reunión entre gobernadores y autoridades electorales nacionales y estatales, administrativas y jurisdiccionales, el presidente en turno de la Conago, el tabasqueño Arturo Núñez, también ofreció no caer en la tentación de convertirnos en actores de las contiendas electorales, vía la procuración de justicia, la propaganda oficial o el uso de los tiempos y recursos de los servidores de las administraciones públicas que jefaturamos.

Córdova alertó sobre la importancia de la declaración conjunta entre institutos electorales y la Conago, porque implica que se comparte la convicción de que “las elecciones deben transcurrir sin la intervención de los gobiernos a su cargo. También se parte de concebir que la renovación de los poderes públicos se realice como un proceso legitimado en las urnas, en el que se garantice que la redistribución del poder político se lleve a cabo en condiciones de equidad.

El INE ha fortalecido sus áreas de fiscalización y ha estrechado la colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con lo cual nos permitirán ser notificados de operaciones sospechosas con eventuales recursos públicos, que el instituto no sólo conocerá, sino que además va a sancionar.

Se trata de un compromiso para que la elección se desarrolle al margen de influencias indebidas, que alteren la equidad y la imparcialidad en la renovación de los poderes constitucionales por medio del sufragio, añadió Córdova.

Núñez asumió que a los tres órdenes de gobierno les corresponde coadyuvar con las autoridades electorales, con recursos presupuestales y apoyos logísticos necesarios, en las tareas de organización de los comicios, a fin de garantizar la seguridad pública indispensable para cumplir todas las responsabilidades y hacer posible que los ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos políticos.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Electorales, Héctor Díaz Santana, enfatizó en la estrategia de blindaje electoral para combatir la compra y coacción del voto.

Nadie tiene la facultad, el derecho o la potestad para condicionar el voto de los electores o romper con los principios de equidad política que las leyes señalan. Quien lo hace comete un delito electoral y debe ser puesto a disposición de un juez, señaló Díaz Santana.

Ante 11 gobernadores, el presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, Mario Velázquez –del Instuto Electoral de Ciudad de México– deslizó un tema incómodo en el acuerdo, al exigir el cumplimiento del respeto a la autonomía de estos organismos.

Si bien destacó la importancia de la declaración conjunta, cuestionó en especial la falta de respeto a la autonomía financiera que existe en algunas entidades. A muchos de los institiutos locales no les han alcanzado los recursos, precisó.

César Wong, presidente de la Asociación de Tribunales Estatales Electorales, también secundó la necesidad de garantizar los presupuestos a estas instancias: dotémosles de forma responsable del presupuesto para poder sacar bien los procesos. Además, demandó garantías mínimas para desarrollar el trabajo.