Pese a los constantes señalamientos y quejas por posibles actos de tortura durante y después de la detención, la Procuraduría General de la República (PGR) no cuenta con el suficiente personal capacitado para aplicar el Protocolo de Estambul.

Hasta 2017, la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR contaba con 146 médicos forenses y 77 sicólogos acreditados para aplicar dicho protocolo, que consiste en un dictamen médico-sicológico que descarta o acredita actos de tortura.

La semana pasada, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) publicó un informe sobre el caso Iguala, en el que advierte que existe un patrón consistente de violaciones de derechos humanos.

Datos abiertos de la propia PGR indican que sólo en 2017 se iniciaron 2 mil 248 carpetas de investigación por el presunto delito de tortura, mismas que continúan en proceso.

Las entidades con más denuncias fueron Oaxaca, 167 carpetas; Nuevo León, 163; Coahuila, 106; Sonora, 90; Guanajuato, 89; Chihuahua, 82; Aguascalientes, 80, y Guerrero, 66.

Entre 2006 y 2014 se presentaron ante la PGR 4 mil 55 denuncias por el delito de tortura; de ese total de casos, sólo en mil 884 se inició la investigación; en contraste, en esos nueve años aplicó el Protocolo de Estambul en 653 casos, y dieron positivo 79.

El relator especial de Naciones Unidas documentó 12 mil 787 quejas por tortura en esos nueve años; desde entonces el organismo internacional sostuvo que en México era práctica generalizada.

Desde 2003, la PGR puso en marcha la aplicación del protocolo mediante el acuerdo A/057/2003 para detectar posibles actos de tortura o maltrato por parte de servidores públicos.

Con ello, los peritos contarían con las herramientas necesarias para aplicar el examen médico-sicológico; aclaró que aunque el Protocolo de Estambul no es un documento vinculatorio, la normatividad internacional obliga a los gobiernos a investigar y documentar los incidentes de tortura y otras formas de maltrato para castigar a los responsables de manera comprensiva, efectiva, tácita e imparcial.

En junio de 2015, anunció el protocolo homologado para la investigación del delito de tortura, en el cual precisa que el personal especializado debe aplicar la prueba lo antes posible, y que en ningún caso el Ministerio Público podrá argumentar la prescripción de la acción penal, pues el delito de tortura es imprescriptible, y que la víctima tiene derecho a que el dictamen especializado médico-sicológico sea realizado por un perito independiente debidamente acreditado por el Ministerio Público.