A cuatro años de la aplicación de la reforma energética, Pemex está sumergido en la peor crisis de su historia, con la menor producción de crudo, la mayor importación de gasolinas y los precios más altos de estos energéticos, gas y diesel, lo que ha generado carestía (un flagelo más para la población) por los irracionales precios de estos insumos y ha afectado las condiciones laborales de petroleros, quienes sufren despidos masivos y la pérdida de su contrato colectivo.

Tal panorama fue descrito por dirigentes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional del Petróleo (IMP), en el mitin que realizaron ayer en el Hemiciclo a Juárez con motivo del 80 aniversario de la expropiación petrolera.

La UNTyPP, que dirige Pablo López, señaló que con las licitaciones de los bienes petroleros del país, llamadas rondas, se han entregado a la fecha 88 bloques de unidades productivas a empresas privadas y están en proceso de entrega de los ductos mediante un mecanismo denominado temporada abierta.

Esto ha provocado, entre otras cosas, la baja producción de crudos y gasolinas, y como además no se ha dado mantenimiento a las refinerías, este sistema trabaja por debajo de 40 por ciento y se han elevado las importaciones de los energéticos, por los que los mexicanos pagan ahora precios irracionales.

Pero la reforma energética no sólo ha atentado contra la soberanía nacional y puesto en riesgo el futuro del país, sino ha afectado los derechos de los trabajadores, pues su contrato colectivo de trabajo se ha achicado, los petroleros han sufrido despidos masivos, reducción de personal y eliminación de prestaciones.

En el mitin, en el que hubo música y una obra de teatro, la UNTyPP, en voz de varios dirigentes, presentó una propuesta para detener la privatización, revertir la transferencia de la renta petrolera al sector privado, combatir legalmente los contratos firmados al amparo de esta reforma, reconvertir Pemex en una empresa integrada, frenar el robo de combustibles e impulsar las refinerías.

En cuestión laboral la UNTyPP demandó detener las jubilaciones forzadas de trabajadores y legalizar su contrato colectivo. Propuso además reactivar la producción en los complejos petroquímicos y recuperar la propiedad nacional de los mismos.

En nombre del sindicato de trabajadores del IMP, Francisco de Jesús Arroyo Carrillo dio a conocer un pronunciamiento en el que denunció que hay un deliberado desmantelamiento de las pocas instancias públicas dedicadas a la investigación científica y tecnológica, entre ellas el propio instituto.

Resulta absurdo que el propio gobierno mexicano no saque provecho de la experiencia y capacidad del IMP para mejorar el sector, lograr la recuperación y rendimiento de los hidrocarburos y utilizar todo ello en beneficio del país y los mexicanos, dijo.

Arroyo Carrillo –despedido injustificadamente– planteó que urge construir una política energética y de desarrollo científico y tecnológico nacionales, ya que desde el gobierno se han impuesto ordenamientos destinados a mantener la dependencia económica del país y condenar a éste a ser importador de tecnología, mientras a los trabajadores del sector se les mantiene con bajos salarios y atados por la ausencia de una verdadera democracia sindical.