l sábado pasado Rusia anunció la expulsión del país de 23 diplomáticos británicos, el cese de actividades del Consejo Británico (British Council) y el cierre del consulado de Gran Bretaña en San Petersburgo. Con estas medidas, el Kremlin da respuesta a las represalias contra 23 integrantes del servicio exterior ruso que la primera ministra Theresa May ordenó el pasado miércoles bajo la especie de que los afectados están identificados como agentes de inteligencia declarados. Debido al tono de los comunicados y a las declaraciones efectuadas por funcionarios de ambas partes, se prevé que el desencuentro se mantenga por un plazo indefinido.

Es pertinente recordar que la actual crisis diplomática entre Londres y Moscú se originó con el atentado en contra del ex agente ruso Serguei Skripal y su hija Yulia, quienes se encuentran en estado crítico después de que el 4 de marzo fueron atacados en la ciudad inglesa de Salisbury con Novichok, agente neurotóxico desarrollado por la Unión Soviética. Sin presentar pruebas del involucramiento del gobierno de Vladimir Putin en el intento de asesinato, May estableció un ultimátum para que Moscú ofreciera explicaciones sobre la presencia del arma química en territorio británico. El canciller Boris Johnson atizó el conflicto al aseverar que era abrumadoramente probable que Putin en persona ordenara el uso del Novichok.

No debe perderse de vista que esta escalada de hostilidades se inscribe en el contexto de los esfuerzos de Washington para resucitar la guerra fría que confrontó a Estados Unidos con la Unión Soviética a casi tres décadas de que ese Estado desapareciera. La actitud de May evidencia que existe un contagio de estos propósitos entre los aliados europeos occidentales, el cual se extiende en el propicio ambiente generado por las historias de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadunidenses que llevaron al poder a Donald Trump. Hasta ahora, tales acusaciones carecen de fundamento: los vínculos entre personajes del entorno trumpiano y grupos mafiosos y círculos empresariales de Europa del Este, entre los que habría algunos de origen ruso, no equivalen a una intervención del Kremlin en los comicios de Estados Unidos.

Además de haberse construido sobre un total vacío de pruebas, la historia de la manipulación electoral supuestamente dirigida desde Moscú está basada en la absurda premisa de que Rusia es una superpotencia informática, capaz de doblegar a las agencias de seguridad estadunidenses mediante sus hackers, cuando lo cierto es lo contrario: ninguna nación del mundo se compara con Estados Unidos en su capacidad –ésta sí probada por las filtraciones del ex consultor de inteligencia Edward Snowden– para intervenir comunicaciones privadas a escala global, en el control efectivo de Internet a través de la red de servidores, o en la cantidad de grandes empresas de tecnología a su servicio.

En suma, la paranoia rusófoba en curso se ha desatado sobre una serie de absurdos, pero tiene efectos muy reales en la configuración de la política exterior de las naciones occidentales, así como en la opinión pública mundial. El manejo del atentado contra los Skripal delata que, lejos de buscar el esclarecimiento del crimen, se apuesta a usarlo para generar una crisis diplomática que impulse los afanes de resucitar la guerra fría, un escenario indeseable por cuanto supone la distracción generalizada de recursos públicos hacia el sector bélico y aumenta el riesgo de una confrontación armada de proporciones catastróficas.