La defensa de César Duarte Jáquez señaló que las acusaciones en contra del ex gobernador de Chihuahua han sido “obtenidas con datos de prueba ‘armados’ por la fiscalía estatal mediante testigos con identidad reservada, confesiones rendidas por personas sometidas a amenazas, tortura y presiones”.

Ricardo Sánchez Reyes Retana, su abogado, aseguró que la declaratoria de no ejercicio de la acción penal emitida por la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal, se realizó con base en informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que demuestra la licitud de los bienes que posee el ex mandatario.

Cuatro años de indagaciones

El litigante refirió que en la investigación realizada por la PGR “el tema central sobre el que versaba la indagatoria que se realizó durante cuatro años, era la supuesta participación de mi defendido en la Unión de Crédito Progreso, misma que según el denunciante había adquirido con recursos del estado de Chihuahua.

En la averiguación previa en la que se investigaron los hechos se analizaron principalmente la licitud de recursos de mi defendido, ingresos, declaraciones, así como los diversos bienes que adquirió y de los que es propietario, diligencias que se desarrollan incluso durante su gestión como titular del Ejecutivo de aquella entidad federativa.

En ese contexto, la defensa del ex mandatario chihuahuense refiere que tanto las autoridades financieras como la PGR emitieron opiniones favorables al respecto, en tanto que la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua ha asegurado y embargado inmuebles propiedad de César Duarte con el pretexto de que fueron adquiridos con recursos del estado de Chihuahua y que constituyen un objeto o producto de la comisión de un delito, lo que es absolutamente falso.

En sus señalamientos, el abogado refiere que cinco propiedades han sido aseguradas y 10 más embargadas, pero que todas ellas se adquirieron antes de que César Duarte se desempeñara como gobernador.