La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) notificó ayer a Eugenio N, ex gobernador de Tamaulipas, el acuerdo del gobierno mexicano por el que concede a Estados Unidos su extradición con el fin de ser procesado por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero ante la Corte Federal de Distrito del Sur de Texas.

La determinación del gobierno mexicano se enmarca en la facultad que el Ejecutivo federal tiene en materia del tratado bilateral en condición de extradición con Estados Unidos.

La cancillería refiere que el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Tamaulipas concluyó que la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos es pertinente.

Sobre el ex gobernador también pesa un señalamiento por peculado a causa de la compra ilegal de terrenos en el puerto de Altamira. Esa propiedad pertenecía al gobierno de Tamaulipas una vez que la administración federal los cedió para levantar un canal costero en la región marítima de la entidad.

Fue Tomás Yarrington, también ex gobernador de Tamaulipas –en proceso de extradición de Italia a México– quien a través de un fideicomiso ofertó los terrenos a un valor comercial de mil 600 millones de pesos.

En 2007, Yarrington, preso en una cárcel de Italia después de haber sido capturado el año pasado en Florencia, puso en bandeja de plata a Eugenio N la opción de vender los terrenos de la franja costera ubicada en Altamira a cambio de 16 millones de pesos.

La venta que autorizó Eugenio N benefició a un prestanombres identificado como Fernando Cano. Mediante una maquinación financiera en perjuicio de la propiedad estatal, Cano traspasó los terrenos en Altamira a un empresario de nombre Alberto Berlanga Volado, quien –después se descubrió– lavaba dinero a Eugenio N.

Este empresario también había fungido como secretario de Obras Públicas en el gobierno de Eugenio N. Durante el periodo que trabajó en la administración estatal triplicó los contratos de obra en favor de la empresa constructora GMC, vinculada con Eugenio N y propiedad del mismo Berlanga.

De 87 millones de pesos en contratos, la constructora GMC llegó a obtener en un año 227 millones de pesos.

En Estados Unidos se abrió una carpeta de investigación que involucra al ex gobernador Eugenio N con Alberto Berlanga y Guillermo Flores Cordero. A este último se le imputa el delito de prestanombres del ex gobernador, para quien habría lavado 30 millones de dólares procedentes de sobornos del cártel de Los Zetas.

El ex funcionario habría concedido a esa organización delictiva la autorización para actuar sin restricciones en el estado de Tamaulipas, lo que le habría valido el pago de esa cantidad de recursos ilícitos.

Toda esa información se encuentra en el expediente abierto en el juzgado federal de Tamaulipas. La maquinación también tocó al cuñado de Eugenio N, Óscar Gómez Guerra, quien habría servido, también, como lavador de dinero de su familiar político. Sus bienes fueron congelados por la Secretaría de Hacienda, y tras una exhaustiva investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos se concluyó que Eugenio N y su cuñado fueron responsables de una estructura ilegal de lavado de dinero, que al día de hoy llevaron al gobierno de México a conceder la extradición del ex gobernante tamaulipeco para que sea juzgado en la Corte Federal de Distrito del Sur de Texas.

El ex gobernador priísta todavía cuenta con el recurso del juicio de amparo para inconformarse en contra del acuerdo de extradición bilateral entre México y Estados Unidos.

En caso de no ser beneficiado por éste, corresponderá a la Procuraduría General de la República proceder en los términos y plazos que dicte la entrega en extradición de Eugenio N.