a violencia en México ha llegado a niveles increíbles en los años recientes. Más de 234 mil asesinatos tuvieron lugar entre 2006 y 2017, década marcada por la guerra que declaró el gobierno mexicano a la delincuencia organizada. La ONU y distintos organismos internacio- nales especializados en derechos humanos han criticado y solicitado que las medidas para atender la violencia en el país sean replanteadas, no sólo por el alarmante número de homicidios y feminicidios, sino por la cifra creciente de desapariciones forzadas: 33 mil en el mismo periodo. Organizaciones defensoras de derechos humanos y de familiares de víctimas aseguran que la cifra total real es superior. Y lo más lamentable es que muchas de ellas son jóvenes.

Las acciones del Estado para atender la violencia han sido, en su mayoría, de carácter punitivo y construidas sobre el paradigma de la seguridad pública y de la seguridad nacional. De acuerdo con organizaciones civiles como Cauce Ciudadano A.C., las políticas específicas no están diseñadas con un entendimiento sobre la dinámica de la violencia y el delito. El problema de la violencia en México no es un asunto exclusivo de seguridad; también debe ser entendido como un problema de salud pública. Factores de riesgo como pobreza y desigualdad económica, carencia de empleo, tráfico y abuso de sustancias sicoactivas, acceso a armas, por mencionar algunos, aumentan la posibilidad de generar conductas violentas que debilitan el tejido social. Sumado a ello, la corrupción política, empresarial y criminal agranda el debilitamiento de un Estado ausente en la vida de las personas.

Pensar que la violencia debe ser atendida con más violencia es condenar a las personas y a las comunidades a la vulnerabilidad y al contagio permanente. Once años de guerra no han dado buenos resultados. Se requieren voluntad y recursos para mantener a los jóvenes en las escuelas o en el trabajo, apoyar iniciativas recientemente presentadas co-mo la de las brigadas de activación social para recuperar personas y territorios.