n el marco del 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizado en Bogotá, Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo, diversos representantes del Estado mexicano y de la sociedad civil solicitaron audiencia para plantear diversas peticiones en relación con la Ley de Seguridad Interior (LSI).

Como he expresado en este espacio, la LSI es, por medio de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, la ley más impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en toda la historia. Además de los cerca de 700 amparos promovidos, actualmente son cuatro las demandas de acción de inconstitucionalidad y nueve las controversias constitucionales admitidas.

Para que se analice la compatibilidad de su texto y de la política pública fallida que representa con los estándares internacionales –perpetuando la actividad militar en tareas de autoridades civiles–, en esa ocasión se llevó ante las instancias regionales en materia de derechos humanos la LSI.

Y así, para expresar su rechazo acudió ante la CIDH un conjunto de académicos y representantes del colectivo Seguridad sin Guerra –integrado por más de 120 organizaciones de la sociedad civil que pugnan por un modelo de seguridad de corte ciudadano–, acompañado por la Federación Nacional de Organismos Públicos Autónomos de Derechos Humanos, representada por la Ombusperson de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli Ramírez Hernández, quien a su vez compartió un mensaje del Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En la audiencia, los representantes de la sociedad civil externaron sus peticiones, consistentes entre otras cosas en someter ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una Opinión Consultiva sobre la compatibilidad de la LSI con los estándares internacionales de derechos humanos. Exigieron que se reiteraran al Estado mexicano las recomendaciones realizadas por el organismo en visitas previas, en particular sobre el desarrollo de un plan gradual de retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y el fortalecimiento de la capacitación de la policía civil, así como remitir a la SCJN el acervo de las recomendaciones de la propia CIDH sobre la materia.

En un mensaje contundente, el presidente de la CNDH compartió con los representantes de la sociedad civil, del Estado, y con los integrantes de la CIDH, reflexiones en torno al proceso de formulación, contenido, impugnación y prospectiva de la LSI, desde una perspectiva de derechos humanos.

El Ombudsperson nacional hizo patente que desde el inicio del proceso legislativo de esa ley, la CNDH, en consonancia con académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales, señaló su preocupación porque su contenido implica múltiples riesgos de que se vulneren derechos y libertades básicos y porque afecta el diseño y equilibrio entre la Federación y los estados, y entre las instituciones, órganos y poderes del Estado establecidos en la Constitución.

Recordó que de manera reiterada, la CNDH exhortó a las instancias involucradas en la emisión de la LSI a que se diera paso a una reflexión amplia e informada sobre los temas de seguridad y justicia dentro de ese proceso legislativo y se iniciara la revisión urgente de los problemas que nuestro país enfrenta en este tema, y lamentó que se dejara de lado la oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre dicho ordenamiento.

Y así, tras establecer de manera pública las objeciones para la promulgación de la ley y solicitar infructuosamente su amplia discusión, el pasado 19 de enero, la CNDH apeló a su último recurso y, en uso de sus facultades, promovió ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad, de la cual hemos hablado en este mismo espacio.

Como he hecho patente, el contenido de la demanda de acción de inconstitucionalidad de la comisión fue producto de un trabajo con organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en el asunto y representantes de organismos vinculados a la protección y defensa de los derechos humanos.

El presidente de la CNDH indicó que la impugnación realizada no pretende atacar a las instituciones o debilitar al Estado democrático de derecho en México. Por el contrario, por respeto a las instituciones y a las leyes se plantearon ante la instancia jurisdiccional correspondiente los problemas que la LSI presenta para preservar la integridad de nuestro sistema constitucional y convencional.

El Comisionado Interamericano, Luis Ernesto Vargas Silva, compartió plenamente lo expresado por el Ombusperson nacional y reconoció el ejercicio de sus funciones como defensor del pueblo, y manifestó su posición en el sentido de impulsar ante la Corte Interamericana la opinión consultiva, con el fin de lograr la protección de los derechos humanos.

La comisionada Flavia Piovesan se manifestó también a favor de una opinión consultiva y recordó que antes de la publicación de la LSI, la CIDH externó su preocupación, ya que si bien por un lado es necesario fortalecer el derecho a la seguridad, la ley compromete, por otro, derechos y libertades fundamentales, pues la formación y capacitación castrense tiene objetivos y finalidades distintos a la preparación que reciben los policías.

Resulta claro que aún queda mucho trabajo por hacer para conseguir la seguridad que nuestra sociedad necesita y exige. Una seguridad sustentada en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Pero para ello es fundamental contar con la participación y cooperación entre autoridades nacionales e internacionales y, sobre todo, con la sociedad civil.