l Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ayer los resultados de su escrutinio a las firmas recabadas por el ex priísta Jaime Rodríguez Calderón, la ex panista Margarita Zavala Gómez del Campo y el ex perredista Armando Ríos Piter en su intento por obtener sendas candidaturas a la Presidencia de la República sin respaldo partidista. De acuerdo con el órgano encargado de organizar, vigilar y validar los comicios, tras descartar las firmas inválidas únicamente la ex primera dama alcanza el número de apoyos necesarios y el requisito de dispersión territorial para contender por la titularidad del Ejecutivo.
De ningún modo puede considerarse normal o justificable la cantidad de apoyos descartados –ya sea porque las credenciales de elector no se encuentran en el listado nominal o en el padrón electoral, porque fueron duplicadas con otros aspirantes, porque habían sido dadas de baja, por presentar firmas simuladas, registrar inconsistencias, haber sido obtenidas de fotocopias u otras causales de invalidez. En el caso extremo, el senador Ríos Piter apenas logró acreditar alrededor de 13 por ciento de las firmas presentadas, mientras que incluso la ahora candidata Margarita Zavala habría captado de manera regular casi la mitad de sus respaldos. Al gobernador con licencia de Nuevo León le fue invalidado casi 60 por ciento de las firmas.
Si los proyectos para entrar a la carrera presidencial por la vía independiente ya se encontraban enturbiados por los notorios antecedentes partidistas de los aspirantes punteros en la recolección de firmas, las cifras de apoyos irregulares o apócrifos dadas a conocer por la autoridad electoral ponen al descubierto un cúmulo de prácticas deshonestas –y potencialmente ilegales– que desacredita a los políticos involucrados y obliga a poner los reflectores sobre los vicios del proceso electoral en curso.
En este sentido, es necesario destacar el contraste entre los contendientes de extracción partidista, con amplias conexiones en las cúpulas políticas y empresariales, y el proyecto enarbolado por el Concejo Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Patricio Martínez: si bien la candidatura articulada en torno a la organización de los pueblos indígenas no alcanzó los requisitos establecidos para aparecer en la boleta, resalta que 94.5 por ciento de las firmas entregadas al INE resultaron válidas. Esto no es poco si se considera que una democracia sólo es tal si los resultados se obtienen con total apego a las normas, es decir, que una sociedad democrática únicamente puede surgir de procesos tan legales como legítimos.
Al margen de la discusión acerca de si el procedimiento establecido para acceder a una candidatura por fuera de los partidos resulta excluyente y frena el efectivo acceso de los ciudadanos a los cargos de elección, la magnitud de las irregularidades y el haberse registrado entre todos los aspirantes que proclamaron cubrir los requisitos obliga a repensar seriamente la pertinencia de tales proyectos, al menos en su diseño vigente. No es para menos: quienes irrumpieron en la arena electoral con un discurso que ataca de manera frontal a los partidos por su opacidad y corrupción demostraron ser portadores de los mismos males en el arranque mismo de la carrera.
