Hablemos del campo y sus habitantes

Héctor Robles

Aguacate, cultivo de exportación.

Es común escuchar que somos un país urbano; de acuerdo con CONAPO, en 2016 vivían en México 112 millones de personas y sólo el 23.2% reportó vivir en localidades menores a 2,500 habitantes. Este dato esconde dos realidades. La primera, es una medición restringida de lo rural, pues sabemos que localidades más grandes tienen dinámicas rurales. Si utilizamos el criterio de hasta 15 mil habitantes el dato aumenta a 37.5% de la población. La segunda realidad es que los datos agregados no dicen que la población urbana está altamente concentrada en pocas ciudades; basta señalar que en 847 municipios del país toda su población registrada vive en localidades menores a 2,500 habitantes y si tomamos el criterio de 15 mil habitantes el dato crece a 1,935 municipios.

Es común presentar como antagónicas a la propiedad ejidal y comunal versus la propiedad privada. Cuando se compara la propiedad privada con la propiedad ejidal resulta que existen más similitudes que diferencias entre ambas formas de tenencia de la tierra: la edad promedio por sujeto varía en 1.5 años; la diferencia en el porcentaje de mujeres como titulares de la tierra respecto al total de sujetos es de dos puntos porcentuales. En ambos tipos de propiedad, poco más de 80% de los titulares de la tierra se dedica principalmente al cultivo del maíz y del frijol; en ambas formas de propiedad predominan los propietarios y ejidatarios con menos de cinco hectáreas; el promedio de superficie parcelada o de labor es diferente en 0.4 hectáreas; la variación de las superficies con posibilidad de riego es de 6%, y en ambos casos predominan las tierras de monte o agostadero.

Un sector invisibilizado.

Antes de 1992 el ejido se componía fundamentalmente de ejidatarios y sus familias y personas que no tenían derechos sobre las tierras. Los ejidatarios tenían derechos a tierras de uso común, a la superficie parcelada y al asentamiento humano en más o menos las mismas proporciones. Actualmente es común encontrar al interior de un ejido: ejidatarios con todos los derechos a superficie parcelada, tierras de uso común (TUC) y solares; ejidatarios con sólo derechos a TUC; ejidatarios con derechos sólo a tierras parceladas; posesionarios con certificados parcelarios, posesionarios sin documentos o con documentos comprados que se consideran propietarios privados, avecindados con títulos expedidos por el RAN y personas que viven en la zona urbana titulada y desincorporada en el ejido sin documentos. Esta diversidad es un gran reto para la gobernanza de los núcleos agrarios.

De acuerdo a Yúnez, Dyer, Meza y Hernández (2018) “El ingreso mensual per cápita de la población mexicana ha permanecido estancado, a precios constantes, desde 1992: el ingreso medio rural fue de $1,995 ese año y de $2,006 en 2016... Además, la incidencia de la pobreza alimentaria fue la misma en 1992 que en 2016”.

Cuando se habla del tipo de productor no se reconoce que somos un país de pequeños y medianos productores. De acuerdo con la actualización del marco censal agropecuarios 2016; los pequeños y medianos productores agrícolas tienen el 98% de los terrenos y el 85% de la superficie; los pequeños y medianos ganaderos 96% y 81% y los pequeños y medianos productores forestales 98% y 83.6%, respectivamente.

De acuerdo con el INEGI, los productores de hasta 20 hectáreas generan la mitad de la producción nacional. El tamaño promedio de las unidades de producción de los principales cultivos es: pasto cultivado, 16.3 hectáreas; cártamo, 15.6 ha; trigo grano, 11.8 ha; sorgo grano, 10.9 ha; algodón, 8.4 ha; cebada grano, 6.0,ha; tomate rojo, 5.9 ha; alfalfa verde, 5.1 ha; caña de azúcar, 4.5 ha; avena forrajera, 4.4 ha; chile verde, 4.0 ha; otros cultivos, 3.0 ha; naranja, 3.0 ha; maíz blanco, 2.9 ha; frijol, 2.8 ha; limón, 2.8 ha; maíz amarillo, 2.7 ha; cacao, 2.2 ha; café cereza, 1.9 ha, y aguacate, 1.7 ha.

Sólo 13% de quienes trabajan la tierra son dueños de un tractor.

Durante el periodo 1980-2016 la superficie cosechada paso de 16 a 21.1 millones de hectáreas, lo que significó un crecimiento del 32.1% durante todo el periodo. También se observa un cambio en el patrón de cultivos. A partir de 1980 los cultivos que más crecieron en términos de superficie cosechada, especialmente a partir del año 2000, fueron los commodities (zarzamora, fresa, hortalizas, aguacate y agaves) y los cultivos asociados a la ganadería (pastos y avena). Por el contrario, dos cultivos industriales (café y tabaco) mostraron un crecimiento negativo, así como tres oleaginosas (ajonjolí, cártamo y algodón) y el arroz. También se observa que la producción de trigo y frijol prácticamente no crecieron, mientras que el cultivo de soya disminuyó entre 1980-2000 y a partir del presente siglo se incrementó en más de 300%. Al revisar las exportaciones e importaciones en 2016 se desprende que los cultivos considerados como estratégicos por la Ley de Desarrollo Rural (LDS): maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo y soya, es donde se registran las mayores importaciones; de estos seis cultivos se compraron al extranjero, principalmente a Estados Unidos, 21 millones de toneladas, mientras que solo se exportaron un millón 679 mil toneladas. Entre 2013-2016 se han importado poco más de 80 millones de toneladas de estos seis cultivos

Nuestro país se ha ganaderizado, lo que implica que la superficie rústica se destina cada vez más a la cría de ganado. Actualmente, sin considerar el maíz amarillo en grano, que parte se utiliza para alimentar al ganado, la superficie con pastos y forrajes representa el 25% de la superficie cosechada, y si se incluye al maíz para alimentar al ganado, crece aproximadamente al 40% de la superficie cosechada. 

A partir de 2010, el presupuesto destinado al campo (PEC) adquirió una orientación social, de combate a la pobreza. En 2018, la suma de la vertiente social, salud y educación representó el 57% del presupuesto asignado al PEC; mientras que en el periodo 2001-2006 estas vertientes representaban 39% del presupuesto y en el periodo 2007-2012 éste se ubicó en 43%. Por otro lado, se observa una pérdida de recursos destinados al campo en el periodo 2003-2018. El presupuesto de 2018, en términos reales, es prácticamente el mismo que en el año 2009. Uno de los ministerios más afectados con los recortes presupuestales es Sagarpa. En términos reales, el presupuesto de esta institución pasó de 55 mil millones a 56 mil millones de pesos entre 2003-2018, lo que significó un ligero aumento de 2.2% durante todo el periodo.   

En la inseguridad alimentaria.

El financiamiento para el sector presenta dos características. Por un lado, existe una concentración de estos recursos en entidades del norte y occidente del país: Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas, quienes concentran el 52.7% del financiamiento que otorgó el Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura (FIRA) y la Financiera Nacional de desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y solo registra el 17.7% de las Unidades de Producción (UP) con actividad agropecuaria y forestal. Por otro lado, el financiamiento presenta una alta regresividad, especialmente en FIRA, donde los productores de más altos ingresos, que representan el 3.3 por ciento de las UP, recibieron el 59.3 por ciento del financiamiento que otorga esta institución. A lo anterior hay que agregar que los recursos presupuestales de SAGARPA se encuentran altamente concentrados geográficamente. Siete entidades concentraron el 41.2% del presupuesto ejercido en 2015 cuando solo registran el 29.3% de las UP.

opiniones, comentarios y dudas a [email protected]

jornadadelcampo     La Jornada del Campo     la_jornada_del_campo