Los compromisos que el Movimiento Campesino Plan de Ayala siglo XXI demanda de AMLO y de su posible gobierno

Impulsar la innovación tecnológica.

1. Se priorizará el rescate del campo en el Programa de Nación 2018-2024 y reconocerá las actividades orientadas a alcanzar la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo de las comunidades rurales como actividades estratégicas y de interés público.

2. Se establecerá una estrategia integral para alcanzar la autosuficiencia alimentaria en 2024 en maíz, frijol, arroz, trigo, sorgo, cebada, soya, cártamo, ajonjolí, leche, pollo, huevo, carne de res, carne de cerdo y pescado a través de los siguientes compromisos y acciones:

   a.   Un Programa de Fomento Productivo Integral (asistencia técnica, capacitación, fortalecimiento organizativo, innovación tecnológica, incentivos para buenas prácticas agrícolas, apoyos para insumos, crédito de avío, administración de riesgos, apoyos a la comercialización, adquisición de maquinaria e implementos agrícolas apropiados, entre otros conceptos) para las comunidades de autoconsumo y otro para pequeños y medianos productores con una sola regla de operación y una sola unidad administrativa ejecutora.

   b.   Una estrategia integral de transición, con metas anuales y sexenales, hacia un modelo productivo con base en los principios y prácticas de la agroecología, que permitan incrementar la productividad, la rentabilidad, la sustentabilidad y la resiliencia climática, así como reducir la emisión de gases de efecto invernadero, con la colaboración de los centros públicos de investigación y su vinculación con los conocimientos de los productores y comunidades a través de un diálogo de saberes.

   c.   Prohibir la siembra de transgénicos y suspender el uso de pesticidas prohibidos.

   d.   Un Sistema Nacional para la Protección y Mejoramiento de la Agrodiversidad Mesoamericana, bajo la rectoría de la Sagarpa y con la participación de los sectores público, privado y social. Asimismo, poner en marcha un Programa Especial Maíz Criollo-Tortilla 2050 para la protección, mejoramiento participativo, productividad y fomento de las culturas gastronómicas de los maíces criollos y su rica diversidad de alimentos y productos tanto tradicionales como innovadores.

   e.   Un sistema de precios/ingresos mínimos garantizados para los productores de los productos de la estrategia de autosuficiencia alimentaria que les permita recuperar los costos de producción y obtener una utilidad razonable. Este sistema se establecerá por Decreto Presidencial, incluirá la participación de los principales actores de la cadena productiva y tendrá un alcance sexenal.

   f.    Se garantizará la certidumbre en la comercialización de las cosechas y productos de la estrategia de autosuficiencia alimentaria a través de mecanismos de mercado complementados por i) un sistema de compras gubernamentales de última instancia a través de Aserca, Diconsa, Liconsa y de todas las dependencias y entidades federales; ii) el ordenamiento y equilibrio de la producción-consumo regional y nacional; iii) el ordenamiento de las importaciones y exportaciones; y, iv) el establecimiento de una reserva estratégica de alimentos. Aserca se transformará en un organismo público descentralizado para coordinar y apoyar el sistema de precios/ingresos mínimos garantizados y la estrategia para otorgar certidumbre en la comercialización de las cosechas y productos de la autosuficiencia alimentaria.

3. Se respetará y protegerá la propiedad social de la tierra. Se reconocerá a los ejidos y comunidades como sujetos de los apoyos gubernamentales y como interlocutores de las políticas federales en los territorios ejidales y comunales.

4. Se respetarán los territorios y recursos naturales de los ejidos, comunidades y pueblos indígenas. Ningún proyecto se realizará sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades rurales y pueblos indígenas. Se revisarán las concesiones, permisos y autorizaciones de megaproyectos de exploración y explotación de petróleo y gas, fracking, mineros, hidroeléctricos, de infraestructura y turísticos en los territorios rurales otorgados en los dos últimos sexenios para revisar exhaustivamente su apego a la legalidad y a la consulta con las comunidades afectadas.

5. Se reconocerán las actividades de organización autónoma y autogestiva de comunidades, pequeños productores y pobladores rurales a nivel local y regional como de interés público y serán sujetos de apoyos para su desarrollo y fortalecimiento organizativo.

6. Se establecerá un Programa Especial de Atención a los jornaleros agrícolas para garantizar el respeto a sus derechos laborales y sociales, con la participación de la Sagarpa, Sedesol, STPS, SS, Sedatu y CNDH.

7. Se establecerá una estrategia de Estado para garantizar el derecho a no migrar de la población rural y de defensa y apoyo a los derechos laborales y humanos de los migrantes rurales en Estados Unidos y Canadá.

8. El Proagro se mantendrá y reorientará con un nuevo enfoque de fomento productivo  para pequeños y medianos productores vinculados a la estrategia de autosuficencia alimentaria con buenas prácticas agrícolas. Se establecerá un tope de apoyos a 20 hectáreas, se actualizarán los apoyos por hectárea al nivel de 2016, se reincorporarán 250 mil productores que no pudieron reinscribirse y georreferenciar sus predios y se incorporarán 250 mil nuevos productores agrícolas de hasta 5 hectáreas de zonas indígenas, de afromexicanos y de alta incidencia de cultivo de estupefacientes. El nuevo Proagro apoyará a 2.5 millones de pequeños y medianos productores y estará vinculado como colateral a un producto de crédito de avío preferencial a través de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero y de Desarrollo Rural (FND). Asimismo, se vinculará con los apoyos para el seguro agrícola y la asistencia técnica. El monto del presupuesto anual se actualizará en el INPC entre 2020 y 2024.

9. Se mantendrá y fortalecerá el Programa de Financiamiento al Pequeño Productor de la FND con créditos, seguros, asistencia técnica y apoyos para todos los productores y productoras, con prioridad –por el bien de todos– a productores de autosuficiencia, a pequeños y medianos productores, ganaderos, silvicultores y pescadores; a pueblos indígenas, afromexicanos, a mujeres y a jóvenes.

10. El agua no se privatizará, será considerada como un derecho humano fundamental y un bien público y comunitario.

11. Se establecerá un Proyecto Especial de Rescate del Sector Cafetalero garantizando la preservación e impulso de la condición de México como país productor de café arábiga de altura, café orgánico y café de especialidad; con ordenamiento de la producción-consumo para garantizar y estabilizar los precios a niveles remunerativos. Para conducir este proyecto se creará el Instituto del Café Mexicano.

12. Se incluirá y democratizará la participación de las organizaciones de los pequeños productores, pueblos indígenas, población afromexicana, jornaleros agrícolas y migrantes rurales en los órganos de gobierno y comités técnicos de las dependencias y entidades del gobierno federal vinculadas con el campo.

13. Toda la población rural tendrá acceso gratuito a la salud y a los medicamentos.

14. Todos los jóvenes del campo tendrán garantizado el acceso a la educación y al trabajo.

15. Todas las poblaciones rurales tendrán conectividad de telefonía celular e internet gratuito.

16. Todos los adultos mayores gozarán de una pensión equivalente a la que se entrega en la Ciudad de México.

17. Se establecerá un programa sexenal de mejoramiento y construcción participativa y sustentable de vivienda rural para jóvenes, principalmente.

18. Decreto presidencial para el establecimiento de zonas especiales para el desarrollo socioeconómico y ambiental en regiones de alta incidencia de cultivo de estupefacientes para incentivar su reconversión productiva a actividades lícitas y al mejoramiento significativo de las condiciones de vida de su población, en especial de los jóvenes, a través una estrategia de Estado de mediano y largo plazos.

19. Se establecerá una estrategia especial de paz y seguridad en el campo con una amplia participación de los productores, comunidades y población rural.

20. Se implementará un Programa para la restauración de esteros, bahías, marismas y humedales que incluirá la rehabilitación de bocas y desazolves de bahías, la repoblación de especies, para que, además del restablecimiento de estos ecosistemas, se propicie la recuperación de la producción y la reinserción de los pescadores a las actividades productivas del mar recuperando el sector social de la pesca; en este esfuerzo se partirá de la participación de las organizaciones de pescadores, asegurando la presencia activa de instituciones académicas públicas con estudios en torno a esta temática y sectores sociales vinculados al mar.

    Unidos para salvar a México salvando al campo.

    •    En el mismo Programa habrá un apartado para atender la pesca en aguas continentales implementando políticas para el rescate de los cuerpos de agua en aras de recuperar la producción y, con ello, generar condiciones para el fortalecimiento de las cooperativas de pescadores, lo cual pasa por la formulación de planes de producción de alevines hasta la renovación de las infraestructuras y equipos de trabajo y producción intensiva de especies de escama; habrá atención especial para los embalses contaminados por desechos de minas implementando criterios ecológicos que garanticen la producción sana de alimentos, además de agua limpia para el consumo humano y actividades agropecuarias.

    •    Se establecerá un Programa de comercialización que propicie ingresos socialmente aceptables para los pescadores y, con ello, el combate al coyotaje que saquea la riqueza producida por el cooperativismo pesquero. Específicamente se implementarán medidas para la comercialización de pescados y mariscos en los principales centros urbanos del país.

    •    El abandono y la irracionalidad con la que se han implementado las políticas públicas hacia la pesca reclama un Programa de ordenamiento pesquero participativo, socialmente incluyente, que asegure la explotación racional de los recursos del mar y las riberas. Se trata de democratizar la toma de decisiones en lo concerniente a la producción de alimentos originados en el mar y el bienestar de los pueblos de pescadores.

    •    Se establecerá un Plan de Manejo sustentable y socialmente en correspondencia a la recuperación de los mares y océanos, con la participación de las organizaciones de pescadores y los distintos niveles de gobierno, especialmente de los gobiernos municipales.

    •    Ante la eventualidad de explotación minera submarina se declarará una moratoria hasta en tanto no se tengan los estudios técnicos y científicos de donde se deriven las políticas a seguir al respecto, asegurando la salud de los océanos y el interés de la humanidad y de México.

21. La pesca es un asunto de interés nacional pensando la seguridad alimentaria de México. El fomento a la producción de pescados y mariscos, es decir, la producción de proteínas de estos productos, es imprescindible para asegurar la autosuficiencia alimentaria; se trata de hacer de las actividades pesqueras fuentes para la seguridad alimentaria del país.

22. Políticas para lograr la soberanía alimentaria. Programas específicos por cultivo. Estrategias de productividad diferenciada de acuerdo con la cultura productiva de los productores. Una producción sin transgénicos. Regulaciones de las importaciones de alimentos y otras materias primas agropecuarias.

23. Respeto a los territorios y tierras de comunidades indígenas y campesinas. Respeto a la propiedad social de la tierra. Derogación de los aspectos referentes a la “ocupación temporal” de terrenos. Políticas y acciones para permitir el acceso a tierras por parte de jornaleros y otros pobladores rurales.

24. Políticas para la diversificación de cultivos, actividades (artesanías, ecoturismo, etc.) e ingresos de los pobladores del campo. Reconocimiento y apoyos por las aportaciones culturales y ambientales que proporcionan comunidades campesinas e indígenas.

25. Medidas para lograr precios remunerativos a los cultivos principales. Acciones de ordenamiento del mercado con formación de reservas y manejo de importaciones (cuotas, salvaguardas, etc.). Regulaciones específicas en relación a prácticas oligopólicas en los precios de compra en campo y en la oferta de alimentos “chatarra”. Renegociación o incluso cancelación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) en lo que corresponde a la cuestión agropecuaria, forestal y alimentaria, estableciéndose acuerdos bilaterales o más amplios que beneficien a los productores de México

26. Fortalecimiento del asocianismo de los productores y pobladores rurales para un manejo de mayor escala de su producción, comercialización, diversificación de cultivos y actividades de organismos de ahorro, préstamos y de créditos, manejo de asistencia técnica, acciones de mejoramiento social y cultural de los pueblos rurales, etc.

27. Políticas y acciones para la erradicación de la pobreza en el campo con un manejo más integral y eficaz de apoyos para vivienda, salud, educación y servicios públicos adecuados en coordinación con autoridades locales y asociaciones de productores.

28. Reconocer y definir políticas específicas para los sectores más débiles en la problemática del campo; de los jornaleros agrícolas fortalecer asociaciones y el establecimiento de condiciones dignas de trabajo y de salarios; reconocer el trabajo de las mujeres y fortalecer sus asociaciones así como la defensa de sus derechos de género; de los jóvenes es necesario generar condiciones para el acceso a la educación, ingresos e involucramiento en las actividades en el campo que permitan incorporarse al relevo generacional.

29. Es necesario conjuntar, articular, ampliar y mejorar en un sistema nacional unificado la cuestión de la investigación experimentación y asistencia técnica en una relación más directa y permanente con la producción rural y las asociaciones de productores. Deben desarrollarse tecnologías adecuadas a las características de la producción en México en una perspectiva de cuidado ambiental y de producción de alimentos sanos y nutritivos.

30. Se requiere el establecimiento de un esquema más unificado para el financiamiento rural a partir de la actual banca para el campo. Este sistema debe estar en el área que llevará a la instrumentación de las políticas para el campo articulado a las políticas específicas de apoyo a la producción, comercialización y servicios. Deberá contar con esquemas de créditos de avío, refaccionarios, coberturas de precios, etc. además de tasas de interés fijas y no tan altas que permitan la seguridad de la inversión en el campo. Deberá servir para fortalecer los organismos financieros de las asociaciones de productores.

31. Establecer una institucionalidad pública más adecuada que permita la definición e instrumentación de las políticas y programas. Para ello debe darse una reestructuración de las dependencias que manejan acciones para el campo como la SAGARPA, SEDATU, SEMARNAT, SEDESOL y otros organismos de tal manera que se tenga una aplicación más eficaz de las acciones y recursos públicos.

32. Establecer una instancia formal para la revisión, seguimiento y definición de programas y acciones con participación de las asociaciones de productores.

33. Definir un presupuesto público multianual para el campo que permita programar las acciones estratégicas con más seguridad, adecuando programas, reglas de operación y padrones de productores posibles beneficiarios.

34. Que se cumplan los acuerdos de San Andrés entre el EZLN y el gobierno federal, que reconocen los territorios de los pueblos indígenas, derechos de autonomía, formas de gobierno y respeto a la cultura.

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