Treinta y cinco años de despojos, de ninguneo, de represión, de políticas neoliberales implementadas por el PRI y el PAN colapsaron al campo y arruinaron a los campesinos en beneficio de las grandes corporaciones, tanto las que acaparan y especulan con las cosechas como las que introducen paquetes tecnológicos destructivos. Por eso hoy importamos la mitad de lo que comemos y en el agro hay pobreza, malnutrición, deterioro ambiental, migración, inseguridad y violencia.

En el mismo lapso, al amparo de leyes privatizadoras como la minera y la energética, se intensificó el saqueo de las tierras y aguas de los pueblos, para desarrollar megaproyectos extractivos, hidroeléctricos, eólicos, aeroportuarios, urbanísticos, turísticos, carreteros. Emprendimientos que destruyen el medio ambiente y obligan a miles de campesinos a dejar de sembrar. Ahora, igual que en el porfiriato, se les arrebata la tierra a los pueblos, sino a fuerza de bayonetas sí por obra de la violencia del mercado.

Los campesinos, indígenas y afrodescendientes queremos salvar al campo y con ello salvar a México pues del agro dependen alimentación, empleo, ingreso, seguridad interna y gobernabilidad; además de que aporta aire puro, agua limpia, bosques frondosos, paisajes amables, diversidad de plantas y animales, y de que es fuente de cultura y raíz de identidad. 

Los hombres y mujeres del campo queremos seguir cosechando alimentos sanos para todos, generando empleo para millones, cuidando a la naturaleza, enriqueciendo la cultura. Los campesinos tenemos una responsabilidad con México y vamos a cumplirla.

Pero no podremos regenerar al campo y salvar al país con todo en contra. No podemos recuperar al agro si no se retribuye justamente nuestra labor, si no se nos respalda con buenas políticas públicas, si no se respetan nuestros derechos… Cosa que no han hecho ni los gobiernos del PRI ni los gobiernos del PAN. Los campesinos, como los mexicanos todos, necesitamos con urgencia un cambio. Un cambio verdadero.

En el siglo XIX, los campesinos hicimos la guerra de independencia, resistimos la intervención gringa, expulsamos a los franceses y con nuestro apoyo se restauró la Republica. En el siglo XX hicimos una revolución y con Cárdenas radicalizamos la reforma agraria que defendimos primero de los gobiernos antiagraristas y después de los neoliberales. En el siglo XXI nuestra tarea es regenerar al campo para regenerar a México. Y la coyuntura electoral de este año es una gran oportunidad, porque ahora, como entonces, el primer paso es un cambio de gobierno.

En consecuencia, las organizaciones campesinas analizamos las opciones políticas que nos ofrecen los próximos comicios y concluimos que por su trayectoria y proyecto, Andrés Manuel López Obrador es el candidato que puede impulsar desde el gobierno el cambio que necesitamos. Y que nosotros seguiremos impulsando desde la sociedad como lo hemos hecho hasta ahora.

Así, como hace seis años, nos proponemos firmar con López Obrador un pacto político. Un acuerdo por el que se comprometa a impulsar desde el gobierno nuestro proyecto para el campo: El Plan de Ayala Siglo XXI, y nosotros nos comprometamos a apoyar organizadamente su campaña promoviendo y defendiendo el voto.

El derecho mayor, el que nos funda y sustenta como campesinos, es el derecho a la tierra. Tierra que abarca las parcelas que cultivamos, pero también los ríos, llanos y montes del entorno. Para que la tierra sea del que la trabaja y el territorio del que lo habita, los campesinos mexicanos hicimos una revolución y no vamos a permitir que cien años después ejidos y comunidades se privaticen. La tierra no es una mercancía sino un bien común al que todos tenemos derecho.

Es necesario mantener la propiedad social así como el papel de ejidos y comunidades como sujetos de interés público y protagonistas del desarrollo económico, social, político y cultural.

La mitad de los trabajadores del campo somos asalariados, sobrexplotados y maltratados. Es urgente y prioritario que se reconozcan y respeten los derechos laborales de dos millones y medio de jornaleros y jornaleras agrícolas que cosechamos la mayor parte de lo que el país consume o exporta. Con frecuencia somos migrantes con nuestras familias y necesitamos que se nos garantice la prohibición de los agrotóxicos que nos envenenan, el respeto a las mujeres jornaleras, objeto de acoso y agresiones sexuales, el acceso a viviendas dignas, a servicios de salud, a educación para los niños…

Las mujeres somos la mitad del mundo. Y en el campo somos la mayor parte de la población. La equidad de género es una asignatura pendiente en el país y más en el agro. Acabar con el machismo y la inequidad que padecemos las campesinas es responsabilidad de todos y en primer lugar de nosotras. Pero también es responsabilidad del gobierno, que además de nuestros derechos sexuales y reproductivos debe respetar y hacer valer nuestros derechos agrarios, productivos, políticos, culturales. No queremos que se nos trate como mujeres con programitas supuestamente propios de nuestro sexo, queremos reconocimiento en igualdad como ciudadanas, sujetos sociales y productoras con derechos agrarios.

Somos un país de jóvenes. Pero sin políticas de empleo que nos den soberanía y seguridad laboral seguiremos sacrificando el “bono demográfico”. Los jóvenes rurales son hoy empujados a la migración a las ciudades o al extranjero, sino es que a la delincuencia.

Tener un trabajo digno, seguro y bien remunerado es un derecho constitucional que hoy no se respeta y menos en el campo. No queremos ser migrantes forzados, sicarios ni soldados; no queremos seguir escapando del campo o matándonos entre nosotros. Los jóvenes exigimos educación de calidad y adecuada a nuestra visión del mundo y nuestras necesidades. Los jóvenes exigimos políticas de fomento productivo donde haya espacio para nuestras capacidades e inquietudes. Los jóvenes exigimos que haya en el campo los servicios que ahora se concentran en las ciudades. Pero ante todo exigimos al gobierno que acabe con una guerra en la que somos nosotros, los jóvenes, quienes morimos y quienes matamos.

Durante cinco siglos los pueblos originarios del continente fuimos oprimidos y humillados. Hoy nos hemos puesto en pie y reclamamos nuestros derechos políticos, socioeconómicos y culturales.

En los Acuerdos de San Andrés de los Pobres entre el gobierno y el EZLN se establecieron los derechos autonómicos de los pueblos autóctonos: el reconocimiento de nuestros territorios, nuestras formas de gobierno, nuestros saberes, nuestras prácticas productivas y nuestra cultura. Exigimos que el gobierno honre su compromiso con esos acuerdos y abra paso a la desactivación de la guerra congelada que tortura a Chiapas y al país.

En tiempos de cambio climático, cosechas erráticas y alza tendencial de los precios agropecuarios, la autosuficiencia en básicos es cuestión de seguridad nacional. Y la soberanía alimentaria supone un nuevo trato entre los productores y el gobierno para planear y operar las políticas públicas de fomento productivo; desarrollo de infraestructura; acceso a insumos básicos; servicios financieros accesibles; tecnología, capacitación y extensionismo adecuados a nuestras condiciones agroecológicas; agroindustria que nos permita agregar valor a los productos; certidumbre en el ingreso mediante políticas de precios y comercialización; apoyo a la organización campesina y a las formas asociativas de producción y mercadeo. En pocas palabras, necesitamos que la soberanía alimentaria y nutricional sea una política de Estado sustentada en la pequeña y mediana producción agropecuaria, con participación de productores y consumidores, orientada bajo criterios agroecológicos.

Necesitamos una política de ingresos rurales que integre los derechos sociales de campesinos e indígenas; una planeación democrática y participativa desde los territorios y los sectores, que se concrete en presupuestos multianuales; transferencia y desarrollo de tecnologías sostenibles y adecuadas a nuestras condiciones agroecológicas; servicios financieros que lleguen a los pequeños productores que hoy carecen de ellos; que se institucionalice el programa de reconversión de infraestructura para el uso eficiente y sustentable de agua y energía para el riego, y una Ley de Energía para el Campo que nos haga competitivos; necesitamos un Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria y un Instituto Mexicano para la Alimentación, orientados a erradicar el hambre.

Es necesario, también, renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy en entredicho por la ofensiva proteccionista del gobierno de Trump, y sustituirlo por un Acuerdo Trinacional de Cooperación para el Desarrollo que no sacrifique nuestra soberanía alimentaria, incluya la legalización de los indocumentados y el derecho a la movilidad transfronteriza.

Lo primero es garantizar que el campo alimente al campo. Es inadmisible que quienes producimos los alimentos padezcamos hambre y comamos mal. Los campesinos tenemos las tierras, tenemos las capacidades y podemos garantizar la soberanía alimentaria, abastecer de materias primas a la industria y generar excedentes exportables. Pero lo primero es asegurar nuestra alimentación que hoy depende de productos chatarra de alto precio y baja calidad.

Necesitamos un programa nacional tecnológicamente innovador y ajustado a las diferentes regiones, que impulse la milpa, el solar, la huerta y el potrero. Es decir, el tradicional complejo productivo campesino generador de autoabasto y excedentes comercializables, además de empleo remunerado y atractivo para los jóvenes. Un sistema diverso que preserve y restaure los recursos naturales.

Los habitantes del medio rural no somos ciudadanos de segunda y no hay razón para que tengamos caminos, viviendas, escuelas, clínicas, servicios culturales de segunda. Es obligación del gobierno utilizar los recursos fiscales en extender y mejorar los servicios destinados a la población rural. Habitar en pueblos pequeños y medianos puede ser mejor que amontonarse en las inhóspitas barriadas periféricas de unas cuantas grandes ciudades. Pero no lo es cuando, por vivir en el campo no se tiene acceso a la vivienda digna, al agua potable, la educación de calidad, las buenas vías de comunicación, la salud y seguridad social, la conectividad digital, la cultura.

Otro servicio que en el medio rural siempre ha sido deficiente y está colapsado es la seguridad pública y la justicia. El gobierno debe dejar de ser el factor de inseguridad y de injusticia que hoy es, para convertirse en garante de nuestras libertades.

Entregar la tierra, el agua, el viento, los minerales y el petróleo a las corporaciones, muchas de ellas extranjeras, es traición a la patria. Y desde hace más de treinta años lo han venido haciendo los gobiernos neoliberales. Esto debe parar, sobre todo en el campo.

La tierra, el agua, el aire, los recursos del subsuelo, las plantas, las semillas y los animales, nuestros saberes y nuestra cultura no son mercancías sino bienes comunes: un patrimonio nuestro y de todos que debe ser preservado y aprovechado en beneficio de la nación. Los pueblos hemos defendido estos bienes contra los privatizadores del gobierno, es hora de que también los defienda el gobierno.

Los indígenas y campesinos somos los guardianes de la naturaleza y quienes sufrimos más con su degradación. Vivir en armonía con nuestro cuerpo y con el medio ambiente es un derecho y una obligación. En el campo enfrentamos graves problemas de salud y deterioro ambiental. Por un lado, una combinación de desnutrición y gordura, enfermedades infecciosas y males crónico-degenerativos; por otro, erosión y agotamiento de los suelos, escasez y contaminación del agua, pérdida de bosques y de diversidad; sequías, heladas, huracanes, lluvias torrenciales, deslaves, resequedad, incendios e incremento de plagas y enfermedades, todo ocasionado o agudizado por el cambio climático.

La técnica no es neutral y la que necesitamos en el campo es aquella que innove, recupere, conserve y desarrolle los saberes ancestrales que preservamos los indígenas y campesinos.

La irresponsable ambición de trasnacionales como Monsanto busca imponer el uso de semillas transgénicas que amenazan la diversidad de razas y variedades de plantas como el maíz, y pesticidas cancerígenos como el glifosato. Ningún argumento productivista justifica el ecocidio.

Es necesario que el gobierno y los productores paremos la contaminación con agrotóxicos y la diseminación de los transgénicos, recuperando las semillas nativas, impulsando la agroecología y la revitalización de prácticas como la milpa, combinando la investigación agronómica y biológica y la incorporación de la ciencia más avanzada, con la recuperación de los saberes tradicionales.

Es también urgente parar la descontrolada perforación de pozos que agotan mantos freáticos; detener la tala indiscriminada; terminar con la sobreexplotación de especies marinas; detener la minería a cielo abierto y otros megaproyectos; es urgente que emprendamos medidas de contención del calentamiento global y sus efectos.

El agro mexicano es un enorme camposanto. El narco y la “guerra contra el narco”, nos tienen sumidos en el espanto. Antes nos excluían, nos oprimían y nos explotaban ahora también nos desaparecen y nos matan.

Necesitamos terminar la guerra y combatir por otros medios la enfermedad social del narco. En el campo esto supone la promoción de un desarrollo incluyente que restaure la esperanza y pase por la reconciliación familiar y la restauración del tejido social.

En un mundo rural donde no hay opciones económicas para vivir dignamente de un trabajo honrado, muchos campesinos -principalmente jóvenes- han incurrido en prácticas delincuenciales informando como “halcones”, transportando, como “narcomenudistas” o cultivando enervantes.

Son cientos, miles, cientos de miles… Y de que infrinjan la ley es responsable un sistema que les ha cerrado las puertas. Necesitamos enfrentar el narcotráfico con otras estrategias.

Cientos de pueblos han desaparecido, miles de familias han sido desarraigadas de sus comunidades, cientos de miles de hombres, mujeres y niños han tenido que migrar expulsados de sus tierras por una violencia de la que el gobierno es cómplice si no es que responsable. Ya basta. En el campo queremos vivir sin miedo y en paz.

Naturaleza, economía y sociedad son aspectos inseparables del mundo rural. El campo es uno; no una rama de la producción, un sector de la sociedad y un conjunto de ecosistemas que puedan ser manejados por tres secretarías divorciadas.

Carlos Salinas inventó que había un campo productivo para el que habría políticas de desarrollo, responsabilidad de Sagarpa; uno improductivo, para el que habría políticas asistenciales, responsabilidad de Sedesol y un campo ambientalmente valioso, para el que habría políticas conservacionistas, responsabilidad de Semarnat.

Los trabajadores del campo no estamos de acuerdo con esa discriminatoria e irracional separación. El agro necesita una política unitaria donde fomentar la producción, procurar el bienestar y preservar la salud ambiental sean ejes complementarios de un desarrollo rural armónico e integrado.

No más planeación fragmentada y desde arriba; no más programas que “bajan”; no más productivismo privatizador, excluyente y ambientalmente predador; no más asistencialismo sin sustento económico; no más preservación de los recursos naturales sin aprovechamiento.

En el México del partido de Estado nunca hubo democracia, los gobiernos del PAN mantuvieron el autoritarismo y el regreso del PRI profundizó las prácticas represivas y la militarización, hoy naturalizadas por la Ley de Seguridad Interior. La democracia se ejerce y se conquista, pero de un nuevo gobierno esperamos que mande obedeciendo el mandato popular y que respete las libertades públicas.

La falta de democracia auténtica y el autoritarismo de Estado son males nacionales. Pero se agravan en el campo, donde no se respetan las libertades civiles ni los derechos ciudadanos y el caciquismo sigue imperando en los gobiernos locales y el clientelismo corporativo en nuestras organizaciones.

En el fondo está una viciada relación entre campesinos y gobierno: nexo perverso que se forjó con el PRI y continuó con el PAN. Los campesinos estamos hartos de mendigar nuestros derechos, de intercambiar fidelidad por recursos públicos, de vender nuestro voto por un bulto de cemento.

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Los campesinos hemos sido y somos responsables de nuestra historia, que es la historia del país. Los campesinos no queremos compasión ni necesitamos caridad. Queremos, sí, un nuevo trato con el gobierno; una relación abierta, transparente y corresponsable. Una relación respetuosa que nos permita emprender juntos la salvación del campo y del país

Las mujeres y los hombres de la tierra; los indígenas, los mestizos y los afromexicanos; los parcelarios y los jornaleros; los del norte, los del sur y los de las costas; los jóvenes y los viejos… los campesinos todos necesitamos con urgencia un cambio verdadero. Y por esto formulamos hoy este Plan de Ayala para el Siglo XXI, que convoca a una insurgencia cívica, pacífica y electoral para cambiar el régimen político autoritario y neoliberal, como paso necesario para reconstruir al campo y salvar a la nación.

Abramos surcos por la justicia y la democracia. La esperanza tiene fecha: el primero de julio de 2018.

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