El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio exigió a los tres niveles de gobierno que detengan de inmediato el proyecto Chemours Laguna, consistente en la instalación de una procesadora de cianuro en la comunidad rural La Aurora, municipio de Gómez Palacio, Durango.

Indicó que la planta de la estadunidense The Chemours Company produciría 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año en 11.7 hectáreas de la localidad El Siete Pueblo Nuevo.

Denunció tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de policías estatales y municipales el pasado 9 de marzo, cuando reprimieron a unos mil pobladores de varios ejidos que se oponen al proyecto porque el cianuro de sodio causa daños irreversibles a la salud y al medio ambiente; asimismo, su producción podría afectar los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a poblaciones vecinas.

El organismo acusó que aun cuando la protesta fue pacífica, los policías golpearon y arrestaron a 49 personas, entre ellos cinco menores de entre 13 y 17 años y 15 mujeres. Otros 10 manifestantes fueron hospitalizados.

Denunció que algunos de los detenidos fueron incomunicados y a otros se le presionó para que se inculparan o acusaran a sus compañeros; a varios más se les obligó a firmar hojas en blanco, y en todos los casos se vulneró el derecho a la presunción de inocencia y hubo restricciones para que pudieran comunicarse con sus defensores y familiares.

Demandan liberación de manifestantes detenidos

El frente, vinculado a la Red Mexicana de Afectados por la Minería, precisó que las campesinas fueron hostigadas sexualmente por agentes que tocaban sus pechos y con los toletes les presionaban la zona vaginal.

También pidió la inmediata liberación de Álvaro Ortiz Arellano, Angelina Rodríguez, Avelino Rodríguez Martínez, Christian García Pimentel, Daniela Nohemí Caballero, Guillermo García Pimentel, Julián Rodríguez Ordaz, María de los Ángeles Camacho, Raúl Puentes Díaz y Sanjuana Nájera, acusados de ataques a vías de comunicación, daños, lesiones y motín agravados por uso de medios violentos como armas y explosivos.

Los consideramos presos políticos, pues no son delincuentes, sino defensores de su territorio y sus comunidades. Exigimos la inmediata revocación de los permisos otorgados al Proyecto Chemours Laguna por contravenir el ordenamiento ecológico y territorial del municipio de Gómez Palacio, manifestó el frente.