s probable que el sistema diga ¡rana! y de inmediato salten declaraciones, confesiones y confirmaciones de la verdad histórica que ya no convence ni a sus libretistas originales. Por lo pronto, y para lo que sea necesario, ha sido puesto en escena Érick Uriel Sandoval, apodado La Rana, a quien se buscaba (ha de suponerse que con gran insistencia) bajo la consideración de que es una pieza importante del rompecabezas de lo sucedido en Iguala y sus alrededores entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

El interés gubernamental se mostró reforzado, al menos en el plano de las apariencias, el 6 de octubre de 2015, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo específico A/086/15 “por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la localización, detención o aprehensión de Felipe Flores Velázquez, José Luis Bernabé García, José Ángel Casarrubias Salgado, Erick Sandoval Rodríguez, alias La Rana e indiciado 26, como probables responsables de los delitos de delincuencia organizada y los que resulten, en agravio de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero”.

Dicha Rana ha saltado ahora, en tiempos marcados por el uso agresivo y pernicioso de la información oficial, con el grupo peñista arrinconado en términos electorales y, además, condenado ampliamente en instancias internacionales de defensa de derechos humanos, no sólo por las desapariciones de los estudiantes normalistas. El asomo de la rana saltarina (por la cual se ofrecía una recompensa de un millón y medio de pesos) se produce 10 días después de que la Procuraduría General de la República había dicho en Bogotá, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en las últimas semanas había obtenido información importante sobre el móvil de las desapariciones y, según la versión difundida por el entonces procurador federal, Jesús Murillo Karam, el asesinato e incineración de los jóvenes y la dispersión de sus cenizas en un río.

En concordancia con esa narrativa preparatoria, ahora se ha informado de la detención del mencionado Sandoval Rodríguez, alias La Rana. Esto sucede a pocos días de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos dé un informe sobre los avances en el caso Ayotzinapa. La aprehensión también coincide con el estreno del documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga, coproducido por el cineasta Guillermo del Toro (reciente ganador en los premios Óscar) y Tv UNAM, en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y la productora Bertha Navarro. El documental, dirigido por Enrique García Meza, se presentará en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y posteriormente será transmitido por Tv UNAM.

Nada alienta la esperanza de que el testimonio de La Rana, el presunto miembro de bandas del crimen organizado, vaya a ser veraz y confiable. Hasta ahora el patrón de conducta de la PGR, es decir, del gobierno federal mexicano, ha sido el de la manipulación, la adulteración y el acomodo de piezas para tratar de eximir a altos mandos políticos, militares y policiacos de lo sucedido en aquella región de Guerrero. Un primer apunte, dado por la PGR en la capital de Colombia, habló de que el móvil detectado podría confirmar que todo se dio en un marco de confabulación criminal entre una banda delictiva dominante y corporaciones municipales. De ahí, para abajo. O dicho de otra manera: hacia arriba, nada.

Para pasar el tiempo en lo que se inician las campañas en forma, los candidatos presidenciales pelotean el tema de la rehabilitada posibilidad de realizar debates entre ellos (lo que originalmente había prohibido el Instituto Nacional Electoral, receptor frecuente de sopapos jurídicos que le asesta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).

Como es explicable, el puntero se niega a exponer su ventaja ante competidores muy rezagados. Andrés Manuel López Obrador, en el caso, ha encontrado en esos posicionamientos, ahora tan distantes entre los tres principales partícipes, la excusa ideal para no arriesgar su oratoria y velocidad de respuesta ante adversarios que anhelan mostrar sus supuestas capacidades discursivas.

José Antonio Meade y Ricardo Anaya, en realidad, sobrellevan un debate soterrado, pero de gran violencia política y de riesgo judicial: uno y otro se han arrojado acusaciones respecto de actos de corrupción. El caso del panista queretano podría llevarlo a dejar la postulación presidencial, lo que mantiene en vilo a buena parte de la clase política: a unos, los posibles afectados, por el golpe seco que significaría la consignación judicial de Anaya, en el contexto de un expediente de investigaciones que si hubiera correspondido a un ciudadano sin relevancia política ya habría llevado a éste tras las rejas, acusado de lo que se suele llamar lavado de dinero; a otros, a los priístas, les angustia saber si en Los Pinos se va a dar la orden tajante de echar a caminar esa maquinaria judicial o si acaso el mexiquense, que busca negociar los mejores términos para su salida del cargo, podría estar manejando retorcidamente el caso de la nave industrial de Querétaro para llegar a arreglos finales con el panismo, como opción B, y dejar colgado de la brocha al tecnopriísta Meade.

En todo caso, el avanzado López Obrador ha hecho saber que sólo participará en los tres debates oficiales que organizará el INE ya en el lapso específico de las campañas formales. Ante ello, los buscadores de fortuna le lanzan retos de todo tipo, sabedores de que el tabasqueño no los aceptará.

Y mientras Gustavo Madero, ex presidente nacional del PAN, ha desistido de su oposición judicial a la candidatura de Miguel Ángel Mancera a una senaduría de lista, según eso para no lastimar o debilitar al frente anayista, con lo que el segundo podrá ya dejar el gobierno de Ciudad de México sin objeciones legales contra su brinco chapulín, ¡hasta mañana!

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