La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que servidores públicos de la Fiscalía General de Veracruz incurrieron en irregularidades en las indagatorias sobre la desaparición de la activista Claudia Ivonne Vera García, quien fue levantada en sus oficinas por un comando armado el 23 de marzo de 2016, con lo que se violentaron sus garantías fundamentales.

Por ello, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez emitió una recomendación al titular de la fiscalía, Jorge Winckler Ortiz, a quien llamó a realizar una investigación efectiva sobre el caso.

La víctima, cuyo paradero se desconoce, colabora en la asociación ¿Y Quién Habla por Nosotros?, que brinda apoyo a familiares de personas ausentes y por los derechos de la infancia, y tuvo importante participación en el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca a manos de la policía estatal.

La CNDH lamentó que a la fecha no haya avances que lleven a presumir la causa de su desaparición e identificar a los probables responsables, por lo que el caso permanece impune.

En la recomendación, firmada por el ombudsman nacional, se acreditó que cinco servidores públicos de la fiscalía general violentaron el derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia, de la víctima y sus familiares y no investigaron oportunamente la desaparición, ya que omitieron tomar en cuenta el contexto de la labor de activismo y acompañamiento de la víctima a familiares de personas desaparecidas, con lo cual dejaron de observar las obligaciones previstas en la norma que rige su actuación.

La CNDH constató que personal adscrito a dicha fiscalía omitió diversas acciones para el perfeccionamiento de la investigación, por lo que no garantizaron el acceso a la justicia a los familiares de la agraviada e incurrieron en irregularidades.

Consideró que las personas activistas que representan casos y dan acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición y, en general, de víctimas de violaciones de derechos humanos, realizan tareas que las ubican en una situación de especial vulnerabilidad, por lo que el Estado tiene un deber reforzado en su protección y, sobre todo, en investigar los casos de agresiones cometidas en su contra.

Entre otras acciones, González Pérez solicitó al fiscal realizar la debida integración de la investigación y continuar la indagatoria de los hechos conforme a los estándares nacionales e internacionales de debida diligencia y debido proceso, así como instruir a su visitaduría general revisar la indagatoria y presentar un plan de fortalecimiento de la investigación cuyo propósito sea la localización de la víctima, y colaborar con la CNDH en la queja que promoverá ante las instancias correspondientes contra los servidores públicos responsables de las irregularidades.