La Procuraduría General de la República (PGR) descartó que el crimen organizado o algún grupo terrorista hayan causado la explosión del ferry de la empresa Barcos Caribe, que dejó 26 personas lesionadas en Playa del Carmen, Quintana Roo, el 21 de febrero.

Su conclusión, explicó el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, se debe a que ninguna agrupación se adjudicó el estallido. En cuanto al crimen organizado, el hecho sería contrario a sus intereses pues se daría el aumento de la vigilancia y seguridad en la zona.

Confirmó que en las indagatorias colaboran la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, a solicitud de la embajada de ese país.

Es claro que se trata de un artefacto rudimentario o de fabricación casera con capacidad limitada que no buscaba afectar a la población o los usuarios, explicó el funcionario federal en conferencia de prensa.

Añadió que la embarcación pertenece a una empresa presuntamente vinculada con el padre del ex gobernador de esa entidad, Roberto Borge, detenido desde el año pasado.

No detalló las líneas de investigación que analiza la procuraduría, pues se debe salvaguardar el debido proceso. Agregó que la tardanza de la PGR para ofrecer detalles del caso se debió a que estaban esperando la elaboración de dictámenes periciales y realizar una investigación seria.

Tras el incidente, la Policía Federal desplegó 900 elementos en los centros de mayor concentración turística, entre ellos 195 unidades y binomios caninos en las carreteras y los tres aeropuertos de la zona, mientras personal de gendarmería atenderá la zona hotelera y de bares. Elementos federales realizarán patrullaje en unidades habitacionales, especificó.

Afirmó que a pesar de las alertas emitidas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, las actividades laborales y turísticas en la zona se mantienen sin afectaciones y no se reportan cancelaciones en el sector hotelero.