Tras casi 12 años de no comparecer ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Estado mexicano se someterá esta semana al escrutinio de esa instancia para presentar la situación que guardan esas garantías en el país.

Más de 150 organizaciones de la sociedad civil presentarán en el mismo contexto un informe alterno, en el cual señalan los incumplimientos en diversos derechos, como a alimentación, trabajo, salud, vivienda, educación, agua y desarrollo de los pueblos indígenas.

El proceso tendrá lugar en el marco del 63 periodo de sesiones del comité en Ginebra, Suiza, y el examen para México será hoy y mañana. El comité está integrado por 18 expertos en dichas temáticas, quienes evaluarán el estado que guardan los Desca en el país.

En su informe alterno, las organizaciones de la sociedad civil afirman que la grave crisis de derechos humanos que vive el país también está conformada por múltiples violaciones a dichas garantías cometidas por acciones y omisiones del Estado y actores no estatales, como las empresas, y que permanecen en la impunidad tanto por corrupción y falta de voluntad política de las autoridades como por la deficiencia de recursos jurídicos nacionales apropiados para la justiciabilidad de esos derechos.

Denuncian la renuencia de las autoridades mexicanas a adherirse al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Desca, que permitiría llevar casos de violaciones a esos derechos a escala internacional ante la falta de acceso a la justicia en México.

Al referirse a la libre determinación de los pueblos, el informe alterno remarca que las violaciones a esa garantía y el despojo de las tierras afectan sobre todo a las comunidades indígenas. Además, no se cumple con el derecho internacional de consultar y buscar el consentimiento de esas comunidades frente a los llamados proyectos de desarrollo.

Persiste la destrucción de los ecosistemas, de los que viven numerosos pueblos originarios; un ambiente de impunidad que permite la ocupación ilegal, arbitraria y, en muchas ocasiones, con violencia; la erosión del patrimonio al y la continuación de la asimilación cultural, poniendo en riesgo la supervivencia física y cultural de los pueblos.

Las organizaciones no gubernamentales señalan que la reforma energética aprobada en 2013 y sus leyes secundarias favorecen el modelo de desarrollo extractivista que genera oportunidades para negocios nacionales e internacionales basados en la sobrexplotación de los bienes naturales, incurriendo en despojo y múltiples violaciones a los derechos humanos.

Sobre la garantía de alimentación adecuada, indican que 28 millones de personas en el país carecen de ese derecho. Además, casi millón y medio de niños menores de 5 años de edad viven con desnutrición crónica.

Denuncian la situación particular de riesgo, vulnerabilidad y agresiones que enfrentan los defensores de los Desca. Muchas veces en el contexto de actividades empresariales y megaproyectos, con apoyo tácito o explícito de las autoridades.

El comité Desca cuestionará al Estado mexicano sobre esos y otros temas para determinar si las medidas legislativas, presupuestales, judiciales y de política pública adoptadas desde el anterior examen, en 2006, han sido las más apropiadas para impulsar el avance de estas garantías.

Además, lo interogará sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones que le dirigió anteriormente.