Al considerar que sería altamente peligroso que exista un candidato bajo sospecha de formar parte de una red de tráfico de influencias y lavado de dinero, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) que, por el bien del proceso electoral y del país, deslinde sin filias y fobias, de manera inmediata, las responsabilidades del grave caso de la presunta triangulación de fondos de Ricardo Anaya Cortés.

Consideró que con la información conocida hasta ahora, la opinión pública puede ver operaciones concertadas, utilizando el poder político para alcanzar poder económico, partiendo de un tráfico de influencias y enajenando bienes del dominio público de Querétaro a particulares amigos de Anaya a precios inferiores a los valores del mercado.

Expuso que la investigación, iniciada en 2017, ha ventilado que desde la fundación Por más Humanismo, creada por Anaya Cortés, se encubrió una compleja triangulación de recursos que, en un negocio inmobiliario, les dejó jugosas ganancias a empresarios cercanos al panismo queretano y a los directivos de esa fundación-fachada.

Por esa razón el PRI insistió en su llamado al candidato de la coalición Por México al Frente para que certifique si, cuando la fundación adquirió un terreno para la nueva sede panista en Querétaro, él ya no era el apoderado legal; que responda si en sus declaraciones patrimoniales reportó la existencia de dicha fundación, y si lo notificó ante el Instituto Estatal Electoral de Querétaro.

Consideró que debe exhibir el crédito que habría obtenido, mediante la hipoteca de su casa, para la compra de una nave industrial; mostrar los estados de cuenta de sus ahorros con que supuestamente financió la adquisición de la propiedad, porque en sus declaraciones reportó ingresos menores a 100 mil pesos, y explicar cómo hizo para que le rindiera tanto su salario, porque resulta inverosímil que con éste pagó viajes semanales a Atlanta, cubrió la renta de su casa y las colegiaturas en esa ciudad.