a semana pasada la alcaldesa de Oakland, California, envió un mensaje urgente a la comunidad de origen hispano en esa localidad sobre una inminente redada a cargo de la Patrulla Fronteriza. Tal como anunció, al día siguiente fueron detenidas más de 150 personas, presumiblemente indocumentadas, con la salvedad de que la operación se efectuó en ciudades aledañas, mas no en Oakland. Muchos otros tomaron las precauciones del caso para evadir las ansias justicieras de los agentes de la Patrulla Fronteriza. El Departamento de Justicia respondió furioso a la alarma de la alcaldesa, advirtiéndole que se atuviera a las consecuencias por haber obstruido las actividades de las autoridades migratorias. La respuesta –o para decirlo más claramente, la venganza– vino días después cuando el procurador Jeff Sessions demandó al estado de California por infringir la ley con su política de ciudades santuarios.

El antecedente inmediato es que semanas antes el Congreso y el gobernador de California declararon todo el estado como santuario: las autoridades de policía y civiles deberían abstenerse de cooperar con el Departamento de Justicia en su cruzada contra los indocumentados.

Cabe recordar que en 2012 el gobierno de Barack Obama demandó al estado de Arizona por excederse en sus funciones al ordenar a la policía la detención de toda aquella persona que pareciera indocumentada para entregarla a la Patrulla Fronteriza. La Corte Suprema dio la razón al gobierno de Obama. En su decisión, aquélla aclaró que constitucionalmente correspondía al gobierno federal, no a los estados, aplicar la política migratoria. En términos estrictos, esa sería la base legal para la actual demanda del procurador Sessions. Sin embargo, más de un especialista refutó al procurador la legalidad de los términos de su demanda.

Hay varias falsedades en la acusación de Sessions contra el gobierno de California, escribió en el editorial del diario The Sacramento Bee el abogado Raúl Reyes, frecuente colaborador de CNN. La pretensión de que las policías locales deban cooperar con las autoridades migratorias en su misión de identificar y detener indocumentados es una de ellas. De ser así, los causantes del estado de California estarían pagando a las fuerzas federales, cuando al que corresponde pagarles es al gobierno federal. Hasta ahí la cuestión legal.

En el plano político se argumenta que con la decisión de declarar la guerra a los indocumentados el Partido Republicano se expone a que en las elecciones de noviembre la comunidad de origen hispano votara en masa contra los candidatos de ese partido. De hecho, así ha sucedido en pasados comicios. El problema es que en los años recientes el voto hispano o latino ha sido relativamente poco significativo a escala federal. Es muy probable que en el Partido Republicano hayan puesto en una balanza el peso del voto de los hispanos en contra del de quienes favorecen una política migratoria mucho más restrictiva, entre ellos los millones de xenófobos que sufragaron por el actual presidente de Estados Unidos.

Así las cosas, la única posibilidad de que cambie la situación de quienes ahora viven sin documentos migratorios en Estados Unidos es que el voto de quienes los apoyan aumente y sea relevante en la elección de quienes gobiernan el país. Eso debería estar claro después de la sistemática negativa de los legisladores que se han opuesto a la aprobación de los diversos proyectos de reformas al sistema migratorio que se han hecho durante los años recientes. Tomando en consideración tal negativa, que en el fondo no es más que racismo disfrazado, no hay otra salida para la comunidad hispana que tiene derecho al voto que ejercerlo tantas veces sea necesario.