En la Cámara de Diputados se considera reformar la Ley de Fiscalización Superior de la Federación con el propósito de garantizar a los ciudadanos una mejor rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos realizado por las instituciones del Estado.

La modificación al artículo 112 de la norma pretende crear una comisión en la que representantes de la sociedad civil participen con los del gobierno y el Congreso en el seguimiento y destino del gasto público en instancias federales y estatales.

Hugo Eduardo Martínez, diputado del Partido de la Revolución Democrática, propuso instrumentar los mecanismos necesarios para que la sociedad asuma el control del quehacer público, mediante la transparencia y la rendición de cuentas, que contribuya al fortalecimiento democrático del Estado mediante el mejoramiento del desempeño de las políticas públicas, contribuir al combate a la corrupción y promover el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Añadió en su propuesta que la contraloría social es una instancia de participación ciudadana que contribuye al control, vigilancia y evaluación de los programas y acciones gubernamentales. En la década de los 90 se inició el Programa de Contraloría Social en el contexto del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), con el propósito de que los ciudadanos que se beneficiaban de éste participaran en forma organizada en la vigilancia y control de las obras y acciones realizadas con recursos federales.

El programa se concentró en los comités de solidaridad, instancias elegidas por las comunidades beneficiarias de las obras. No obstante, se carecía de herramientas para revisar la acción gubernamental y, al detectarse irregularidades, éstas sólo podían ser canalizadas a los órganos de control interno de la administración pública, siendo éstos los únicos encargados de analizar si procedía instrumentar un procedimiento administrativo.

Ahora con la propuesta se pretende establecer la posibilidad de que los ciudadanos tengan el derecho de vigilar y exigir en todo momento la rendición de cuentas sobre la actividad y el manejo de los recursos públicos, mientras los funcionarios tienen la obligación de informar a los ciudadanos, explicar y dar cuentas de sus actos en el desempeño de su función pública.

Se trata de que los ciudadanos y la sociedad civil exijan una mejor rendición de cuentas de las instituciones del Estado, haciéndose necesaria la existencia de más y mejores mecanismos para hacer posible el control social y mejorar el quehacer de la administración pública.