Apostar al fatalismo en este proceso electoral significaría ceder frente al abuso del poder y arriesgarse a un descarrilamiento del país, sostiene un grupo de personajes de la vida pública nacional y organizaciones civiles, quienes hicieron llegar un documento a la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyo contenido incluye sus exigencias mínimas para los comicios de este año.

Ayer, en el búnker de Carlota Armero, Porfirio Muñoz Ledo, Javier Quijano, José Agustín Ortiz Pinchetti y Jorge Eduardo Navarrete se presentaron con un texto avalado, entre otros, por Elena Poniatowska, Cuauhtémoc Cárdenas, Bruno Bichir, Miguel Concha Malo, Alejandro Encinas, Roberto Eibenschutz, Daniel Giménez Cacho, Saúl Hérnandez, Clara Jusidman, Ifigenia Martínez, Lorenzo Meyer, Santiago Nieto, Raúl Vera, Juan Villoro y Ricardo Valero.

También se sumaron organizaciones civiles como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Los promoventes plasman la preocupación en torno a que los procesos electorales en nuestro país en años recientes se han caracterizado por la incertidumbre y la desconfianza.

Los representantes de quienes firmaron el documento se reunieron en privado con la presidenta del TEPJF, Janine Otálora. Tras aguardar la presencia de la funcionaria durante casi una hora –se retrasó por razones de agenda–, Muñoz Ledo, Ortiz Pinchetti, Quijano y el embajador Navarrete expusieron que las irregularidades en materia electoral se multiplican entre los partidos políticos, sus actores y los funcionarios públicos.

La triangulación de fondos con fines electorales es recurrente; el multimillonario desvío de recursos es inaceptable, demostrando esto la existencia de acciones concertadas hacia un inminente fraude, cuya consumación podría confrontar gravemente al país.

Los firmantes refieren los fraudes electorales de 2006 y 2012, y los abusos en los comicios del estado de México y Coahuila, como elementos a evitar en el proceso de este año.

De tal forma, en el documento proponen que el Instituto Nacional Nacional Electoral (INE) publique informes pormenorizados de candidatos y partidos; promover acuerdos de civilidad política; sancionar severamente las campañas negras, e instalar una plataforma digital que permita monitorear en tiempo real los gastos de campaña.

También, coordinar a las autoridades electorales con el Sistema Nacional Anticorrupción, con el propósito de fiscalizar estrictamente el ejercicio de los recursos públicos; flexibilizar y transparentar el voto de los mexicanos en el extranjero; investigar el eventual conflicto de intereses por los vínculos del candidato de PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, con el titular de la unidad técnica de fiscalización del INE, Lizandro Núñez, y, de comprobarse, proceder a la destitución del titular.