Acapulco, Gro.

A las 11 de la noche del primero de julio, la autoridad electoral hará público un conteo rápido oficial sobre la votación para elegir presidente de la República, garantizó este jueves Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), al participar en la primera jornada de la 81 Convención Bancaria.

El funcionario planteó la necesidad de reforzar los controles para evitar que recursos de procedencia ilícita puedan ser usados por candidatos y partidos en el proceso comicial en curso. Asimismo, dio a conocer que autoridades electorales y del sector financiero trabajan con el gremio bancario en un mecanismo de fiscalización semanal de los recursos que gastan partidos y abanerados, con el fin de evitar que se utilice en las campañas dinero de procedencia ilícita.

La apuesta del INE es que las elecciones sean íntegras, que se refuerce y confirme la vía institucional para renovar el poder y que la disputa por el mismo no sea disruptiva para el país, señaló Córdova.

Las instituciones bancarias entregan a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un reporte sobre operaciones que consideren de riesgo realizadas por partidos políticos con empresas y particulares, explicó.

Para cumplir con la integridad del proceso, en el que este año se renovarán la Presidencia y ambas cámaras del Congreso, entre otros cargos, es necesaria una profunda fiscalización del gasto, para que la sombra del financiamiento opaco o turbio no afecte las elecciones, reiteró. Es vital que los movimientos financieros puedan ser conocidos de forma oportuna por el INE, en particular las operaciones que realizan las personas físicas y morales con los partidos políticos. Lo ideal es que actualicen esa información no al término de cada trimestre, como ocurre ahora, sino cada semana, con el propósito de que sea útil para la fiscalización del proceso, agregó.

El periodo formal de la campaña es entre abril y junio próximos, es decir, durante el segundo trimestre. Con las normas actuales, el INE recibiría los datos sobre operaciones sospechosas 40 días después, cuando ya no sirva para efectos prácticos de fiscalización, explicó.