El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó su preocupación por la Ley de Seguridad Interior (LSI) adoptada por México, con la que se autoriza a las fuerzas armadas realizar tareas de seguridad pública sin garantías ni supervisión.

Para el representante internacional, esta norma –aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a finales del año pasado– no se ajusta a los lineamientos internacionales en materia de garantías fundamentales.

Zeid Ra’ad Al Hussein presentó ayer en Ginebra, Suiza, su informe anual de labores ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Al referirse a México expresó: Me preocupa que una nueva ley de seguridad interna autorice el uso de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley, sin garantías y supervisión adecuadas, (además que) no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos.

Cuando el Senado debatía la iniciativa de esta ley, el Alto Comisionado pidió frenar el proyecto y exhortó a abrir un debate abierto e incluyente sobre los problemas de seguridad en el país. Consideró que la ambigüedad de los términos del documento –que finalmente fue aprobado– resultaba muy inquietante ya que se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria.

Durante su informe anunció que en los próximos días presentará un documento sobre el estado que guardan las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada desde el 26 de septiembre de 2014.

Otra de sus preocupaciones es la detención sistemática de migrantes y que su retorno acelerado se haya convertido en la regla general para las autoridades migratorias mexicanas, socavando gravemente las garantías del debido proceso y la protección contra la devolución.

Exhortó al Estado mexicano a crear una nueva Fiscalía General de la República que realmente sea efectiva e independiente. Y celebró la entrada en vigor de nuevas leyes contra la tortura, en junio de 2017, y sobre desapariciones forzadas, en enero de 2018. Espero con interés ayudar a las autoridades a garantizar su pronta y efectiva aplicación, con plena participación de la sociedad civil y las víctimas.