El Poder Judicial de la Federación decidió atraer el caso de Alejandro Gutiérrez, ex dirigente adjunto del CEN del PRI, acusado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua de desviar 250 millones de pesos del erario, y para ello solicitó a los jueces locales que conocen el caso que entreguen el expediente, informó César Jiménez Castro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

Jiménez Castro agregó que el único argumento que dio el juez federal era que los recursos que presuntamente desvió estaban destinados al área educativa, que le compete a la Federación; ante la falta de más criterios, jueces de Chihuahua decidieron pedir al Poder Judicial Federal la copia de la resolución para conocer más argumentos, e incluso, copia del video donde el juzgador determina atraer el caso de Gutiérrez.

La solicitud tuvo dos razones: el oficio de notificación era muy escueto y no contenía las consideraciones y fundamentos en los que el juez federal basó su decisión de que era competente para juzgar a Gutiérrez. Ante el desconocimiento de estos argumentos, los jueces locales le pidieron copia de la resolución que emitió. Hasta que se respondan estas solicitudes, los jueces de Chihuahua decidirán si le ceden la competencia al Poder Judicial Federal o interponen el conflicto de competencia ante un juzgado de circuito.

Aparte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) le ordenó a la Secretaría de Gobernación (SG) que dé a conocer el documento mediante el cual la Fiscalía General de Chihuahua solicitó el traslado a un penal federal de Gutiérrez.

En la sesión del pleno del Inai se explicó que un particular había solicitado dicha información, pero la SG se declaró incompetente para conocer sobre ella, pues no se encuentra dentro de las atribuciones de la Comisión Nacional de Seguridad.

El solicitante se inconformó con la respuesta y presentó un recurso de revisión.

Luego de analizar el caso, el comisionado Joel Salas Suárez concluyó que la SG sí tiene competencia para administrar el sistema penitenciario federal y el traslado de reos.