n días recientes las autoridades capitalinas han venido informando sobre diversos cierres no autorizados, y realizados por personas no identificadas, de válvulas del sistema de agua potable de la ciudad capital. Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno urbano, dijo al respecto que se han detectado 50 de esos cierres en seis delegaciones (Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco, Azcapotzalco, Coyoacán y Benito Juárez) e informó que esa práctica se realiza desde hace dos años y que se intensificó en meses recientes, en coincidencia con el inicio del proceso electoral. El gobernante interpretó tales acciones como un intento desestabilizador y agregó que los cierres coinciden en el mapa con protestas de grupúsculos políticos por la falta del líquido. Asimismo, dijo que se presentarán denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia capitalina por esos actos que podrían representar delito de sabotaje.

El director del Sistema de Aguas de Ciudad de México (Sacmex), Ramón Aguirre, dijo por su parte que esa dependencia ha registrado casos en los que su personal reabre las válvulas y que días después éstas son cerradas de nueva cuenta por manos desconocidas. El funcionario adelantó que el Sacmex colocará cerraduras de seguridad en las cajas en las que se encuentran estas válvulas, ya que actualmente cualquier persona puede tener acceso a ellas.

La privación deliberada de agua a diversas colonias es, ciertamente, una acción injustificable que debe ser evitada y, en su caso, sancionada de acuerdo con las leyes. Inadmisibles en cualquier circunstancia, estas acciones agudizan el malestar social en un entorno urbano en el que el desabasto hídrico es de suyo un problema constante en diversas delegaciones y colonias, particularmente, las situadas al oriente de la demarcación capitalina, y que difícilmente podría explicarse únicamente por el cierre doloso y clandestino de válvulas. Es claro que los megadesarrollos realizados en años recientes han agudizado la carencia de agua potable en distintos puntos de la ciudad y que, en tanto no se establezca una regulación estricta capaz de frenar la desenfrenada especulación inmobiliaria y comercial, la escasez de agua potable seguirá agravándose.

Por otra parte, resulta sorprendente y desolador el enterarse de la inexistencia de una mínima seguridad en torno a los mecanismos que regulan la red de abasto hídrico en la capital de la República, el saber que cualquier individuo pueda dejar sin agua a miles de hogares sólo con mover una válvula y el constatar que, a dos meses de que empezaron a ocurrir los cierres, aún no se hayan adoptado medidas mínimas de control de acceso y de vigilancia en las instalaciones correspondientes. En este punto resulta inevitable admitir que se ha actuado con descuido e indolencia en un asunto crucial para el bienestar y la salud de la población y también, claro, para la estabilidad política de la urbe.

Cabe esperar, en suma, que las autoridades capitalinas logren identificar a los autores de estas acciones y adoptar con la celeridad que el caso requiere las medidas preventivas correspondientes. Pero es necesario también ver más allá de esta coyuntura y contener el factor más visible del desabasto de agua, que es la entrega indiscriminada de autorizaciones para la construcción de centros comerciales, rascacielos y otros desarrollos inmobiliarios.