A escala federal, hay opacidad en el sistema integral de justicia para jóvenes, señaló el Instituto de Justicia Procesal Penal durante la presentación del Observatorio Libertad en Comunidad, sobre políticas públicas en la materia para adolescentes bajo medidas cautelares.

Ana Aguilar, directora del instituto, dijo que este sector de la población debe tener las mejores condiciones para reintegrarse a sus comunidades. Explicó que el observatorio mide el desempeño institucional en la materia partiendo de cinco indicadores: especialización, excepcionalidad, integralidad, enfoque diferenciado y acceso a la información.

“Es una iniciativa para reunir datos, monitorear, evaluar las políticas públicas del sistema integral de justicia para adolescentes, en especial las medidas en libertad a escala nacional, ya que en ocasiones anteriores no teníamos suficientes datos para saber qué estaba pasando en el país alrededor de este tema.”

Señaló que para llevar a cabo el proyecto realizaron alrededor de 200 solicitudes de información a todas las entidades del país. Explicó que las que respondieron todas las peticiones fueron Baja California Sur, Campeche, Jalisco, Nuevo León, estado de México, Tabasco, Ciudad de México y Tamaulipas. Por el contrario, Hidalgo, Veracruz y Sinaloa contestaron una o dos demandas, Nayarit ninguna y el resto de tres a cuatro.

“Hicimos preguntas a las procuradurías o fiscalías, defensorías públicas, a las unidades de medidas cautelares y, desde luego, al Poder Judicial. En cuanto a especialización, nos dimos cuenta de que en el país tenemos un poco más de 50 por ciento de jueces que trabajan en específico en la justicia para adolescentes y el resto en funciones mixtas.

Se publicará información periódicamente no sólo para evaluar el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, sino ante todo para contribuir a su mejoría, afirmó.