El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, manifestó ayer que no comparte los argumentos expuestos por el gobierno federal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de la Ley de Seguridad Interior.

Estamos convencidos de que la ley tiene imprecisiones, le faltan parámetros, no da certeza jurídica y propicia riesgos para el respeto de las garantías fundamentales, señaló.

El ombudsman nacional fue entrevistado en el Senado, al concluir su participación en el foro El feminicidio en México: retos y perspectivas desde la sociedad civil, en relación con la postura que fijó el gobierno mexicano ante la CIDH sobre dicha norma.

El viernes pasado, en la audiencia del organismo internacional realizada en Bogotá, Colombia, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, destacó que la participación de militares en tareas de seguridad pública es una tendencia mundial y que el presidente Enrique Peña Nieto no la aplicará hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación termine de analizarla y falle al respecto.

“Sobre seguridad interior, conocen el posicionamiento de la CNDH. Enviamos –a la audiencia de la CIDH– un video en el que argumentamos y señalamos nuestro respeto a las instituciones del Estado mexicano, que debemos fortalecerlas, pero estamos convencidos de que la ley tiene imprecisiones, le faltan parámetros, no da certeza jurídica y propicia riesgos para el respeto a los derechos humanos.”

–¿Usted comparte los argumentos que utilizó el gobierno en esa audiencia?

–No. Por eso es que interpusimos una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; acudimos a la institucionalidad del derecho.

También se le preguntó sobre la afirmación del gobierno mexicano a la CIDH en el caso Ayotzinapa, donde el subsecretario Ruiz Cabañas dijo que podrían arribar a conclusiones este mismo año sobre la desaparición de los normalistas, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.

“Los padres quieren saber el paradero de sus hijos; desconocemos la información con que cuenta la Procuraduría General de la República, pero, en todo caso, será evaluada por la CNDH. Sé que hubo una reunión entre los padres de familia de los estudiantes desaparecidos y la CIDH, y que hubo respuestas del gobierno.

No conozco los detalles, pero la CNDH ha sido enfática en que deben agotarse todas las líneas de investigación que nos permitan conocer la verdad, fincar las responsabilidades a quienes hayan cometido esa atrocidad de desaparecer a 43 jóvenes, que haya reparación integral del daño y garantías de no repetición, advirtió González Pérez.