Entre julio de 2016 y diciembre de 2017 en México 88 defensores de los derechos humanos ambientales fueron víctimas de ataques, por lo que éste ha sido uno de los periodos más letales para estos activistas, pues fueron asesinados 29.

Ayer fue presentado el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2017, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). El documento subraya que de acuerdo con la organización internacional Global Witness, México escaló en un año del decimosexto lugar al cuarto entre los más letales a escala mundial para los defensores del medio ambiente.

El cuarto reporte de Cemda detalla que los 29 asesinatos fueron cometidos en 17 atentados: cuatro ocurrieron en Oaxaca, tres en Veracruz y cuatro en Hidalgo, Sonora, Sinaloa y Jalisco. Chihuahua, Michoacán y Chiapas tuvieron dos cada uno.

Asimismo, incluye los casos de Isidro Baldenegro, indígena rarámuri defensor del bosque asesinado el 15 de enero, y de un escolta de la abogada Alma Barraza, que perdió la vida en un ataque contra la defensora en la carrertera Mazatlán-Culiacán en marzo del año pasado.

Subraya que un caso puede comprender varios ataques contra una misma persona, organización o comunidad, por lo que los 88 registrados en este periodo incluyen 110 actos violentos. Los más recurrentes fueron las agresiones físicas, que representaron 18 por ciento; la criminalización, con 16 por ciento, y el homicidio, con 15 por ciento (15 asesinatos se dieron en 2017).

Gustavo Alanís Ortega, director de Cemda, señaló que la violencia contra estos defensores debe detenerse, para lo que se requiere respuesta inmediata, efectiva y sin dilación del Estado mexicano. Hay una escalada de agresiones que en un futuro nos puede llevar a datos más escalofriantes, alertó.

Las agresiones se dieron en 23 entidades. El estado de México es la de mayor riesgo, con 10 casos, seguida de Oaxaca y Puebla, con ocho. Chiapas y Sonora tuvieron seis; Ciudad de México y Yucatán, cinco; Campeche, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Zacatecas, cuatro cada una. Hidalgo tuvo tres casos y Baja California, dos. Por último, en Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Morelos, Quintana Roo y Sinaloa se presentó un caso por estado.

Las actividades relacionadas con más frecuencia con los ataques son el despojo de tierras o territorio y la minería, cada uno con 17 casos; infraestructura, con 14; proyectos hidroeléctricos, con ocho; obras públicas y/o políticas en administración de agua, siete casos; desarrollos inmobiliarios, con cinco; energía renovable, cuatro; el mismo número con los proyectos de siembra de transgénicos, y tala clandestina, con tres.