n el contexto del 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 2 de marzo se realizó en Bogotá, Colombia, la audiencia pública para evaluar las medidas cautelares 409/2014 emitidas por las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero: Objetivos asignados al mecanismo especial de seguimiento del caso.

Mario Patrón, director del Centro Pro de Derechos Humanos, abrió con una frase contundente: A tres años y cinco meses nos encontramos, nuevamente, sin resultados de justicia y verdad. La representación de las madres y padres de los 43 acusaron al gobierno de que en el año reciente se ha dedicado a administrar políticamente el caso, y denunciaron que la señora Minerva Bello, madre del estudiante Everardo Rodríguez Bello, falleció recientemente por un cáncer agravado por el estrés que le provocó la desaparición de su hijo. Para ella pidieron un minuto de silencio. La sesión no tuvo punto de encuentro, salvo la decisión conjunta de renovar el funcionamiento del mecanismo, hasta diciembre de 2018. Mientras, los defensores representantes de víctimas y familiares exigieron que se aceptara un nuevo cronograma de diligencias, en virtud de que el Estado no cumplió los 11 puntos de la investigación en el lapso de junio a octubre de 2017. Doña Cristina Bautista Salvador señaló las etapas en la investigación: la primera, la de la mentira histórica; la segunda, la del GIEI; la tercera, administraron la mentira, y la cuarta, la administración política.

La delegación mexicana fue encabezada por Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Rafael Avante; la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Sara Irene Herrerías; Jaime Rochín, de la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), y Alfredo Higuera, fiscal especial de la PGR para la Investigación del caso Iguala, quien nuevamente abrió expectativas sin información precisa, por el criterio de sigilo, al afirmar que en las semanas recientes se obtuvo información relevante que identifica el móvil del secuestro y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Que realizarán alrededor de 30 detenciones en días próximos, con lo que, además, se daría cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal, y el papel de las corporaciones municipales, en un esquema de organización delictiva importante. Se observa cómo perfilan el alcance municipal de la trama, con lo que la participación y las responsabilidades de policías federales, el Ejército por omisión, por lo menos, y la actuación de Tomás Zerón quedarían fuera de ese horizonte. También se abordó nuevamente la confirmación sobre nueve celulares de los estudiantes, que fueron utilizados con posterioridad a la desaparición; se cuenta con la identidad de El Caminante y El Patrón, señalados como dos de los principales artífices de la agresión y posterior desaparición de 43 estudiantes.

El subsecretario Cabañas afirmó que se han dado respuestas a la CIDH; refirió un cuarto cuestionario con 110 preguntas, además, deslizó el apoyo financiero al mecanismo. Los comisionados de la CIDH no se mostraron satisfechos e insistieron en pedir respuestas concretas. Dos temas adicionales fueron álgidos: la intención del gobierno de cancelar la reunión próxima del mecanismo fijada para mayo, con el argumento del periodo electoral en México, que finalmente se emplazó a la CIDH para que fije un criterio respecto a todos los países con elecciones en 2018. El otro fue la afirmación oficial de concluir este año la investigación, lo cual desató preguntas fuertes. Mario César González, padre del normalista César Manuel González Hernández: ¿El compromiso es dar con el paradero de los estudiantes? Higueras respondió: Saber todo lo que ocurrió, don Mario, se lo digo con todo respeto, deslindar responsabilidades integralmente. Ciertamente la sospecha fundada de cerrar y validar la mentira histórica está presente.

En cuanto a la atención a las víctimas, Jaime Rochin indicó que se recomendó un diagnóstico sicosocial, y agregó toda acción será progresiva. El gobierno señaló su compromiso de contar con planes individuales, con base en el estudio, que será objeto de un análisis detallado y diálogo con los propios representantes Se refiere al informe que elaboró Fundar: Yo sólo quería que amaneciera: impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, en el que se documentan las voces de las otras víctimas, como son las de las familias de los estudiantes desaparecidos. El comisionado Luis Ernesto Vargas Silva expresó que el diagnostico sicosocial fue para quererlos comprar, cooptar. Nueva tensión entre derechos legítimos y mantos para cubrir la impunidad.