i no fuera porque el sector empresarial parece ser el único contrapeso que el gobernador Francisco Vega reconoce, la disputa entre la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), encabezada por Gustavo de Hoyos Walther, y la administración local por el control del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) podría pasar inadvertida.

Originario de Mexicali, el presidente nacional de la Coparmex es un actor político que se ha movido siempre dentro de la esfera del Partido Acción Nacional (PAN), y en el patronato de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) concentra otra parcela del poder.

La Coparmex intentó tener mayoría en la comisión de selección del SEA, pero el Congreso retrasó más de una vez la decisión hasta que consiguió pactar con otros grupos cerrar el paso a los prospectos del sector patronal. Al final, la comisión de cinco integrantes que habrá de seleccionar a los 15 miembros del Comité de Participación Ciudadana que operará el SEA quedó integrada por Daniel Valdez Delgadillo, Yolanda Sosa y Silva, María Luisa Walther Cuevas (madre de De Hoyos Walther), Enrique Gómez Llanos León y Jesús Esteban Castro Rojas.

Francisco José Fiorentini Cañedo, la propuesta de Coparmex para el SEA, no pasó. Los cinco electos, de una lista de 12 candidatos, fueron propuestos por la Federación de Barras y Asociaciones de Abogados, la Universidad Politécnica de Baja California, la UABC, el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Observatorio Ciudadano de Baja California.

Durante una rueda de prensa en Ensenada, De Hoyos Walter dijo que los casos de corrupción del gobierno de Francisco Vega están a la vista; se habla en los cafés, pero no ha tenido un conducto institucional para ser procesados, y confió en que en unos meses el SEA pueda atender estos delitos.

Curiosamente, el pasado 26 de febrero el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado (Itaip) ordenó a la UABC entregar a un ciudadano detalles sobre el salario del rector, Juan Manuel Ocegueda, así como todas sus prestaciones, compensaciones, bonos, primas vacacionales, aguinaldo, pagos por anteojos, despensa y plan de pensiones, entre otros datos que la máxima casa de estudios había reservado. El Itaip nunca había sido tan minucioso, menos con un gobierno estatal al cual la Auditoria Superior de la Federación hizo observaciones por mil 324 millones de pesos en su cuenta pública de 2016.