Guanajuato, Gto.

De 2012 a la fecha, 53 policías municipales y estatales, agentes de investigación criminal y un soldado del Ejército Mexicano han sido asesinados en el estado, en enfrentamientos con presuntos criminales o ejecutados.

En 2012 fueron ultimados dos agentes; en 2013, cinco; en 2014, dos; en 2015, uno; en 2016, 16; en 2017, 12, y en lo que va de 2018, 13, según datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en respuesta a la solicitud de información 00123618.

En el informe se incluye la muerte de un militar, pero no se especifica en qué año ni el municipio donde se cometió el homicidio. El titular de la dependencia, Carlos Zamarripa Aguirre, se negó a dar una entrevista para precisar los datos.

Este año ha sido el más violento para los policías del estado: en los primeros dos meses de 2018 fueron ejecutados 13, entre ellos mandos superiores. En 2016 fueron asesinados 16 oficiales.

Comandantes en la mira

Cinco de las 54 víctimas eran elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado; seis, agentes de investigación criminal; un soldado, y 42 agentes municipales, precisa el reporte.

Los policías municipales ultimados eran de León, Acámbaro, Irapuato, Salamanca, Salvatierra, Celaya, Apaseo el Alto, Comonfort, San José Iturbide, San Miguel de Allende, Yuriria, Abasolo, Cortázar y Valle de Santiago.

Los oficiales abatidos en el primer bimestre fueron sorprendidos cuando salían de sus trabajos, estaban de vacaciones, custodiaban a un herido o realizaban patrullajes de rutina.

A finales de mayo de 2017, el director de seguridad pública de Apaseo el Grande, Jesús Salgado Martínez, fue acribillado cuando salía de su domicilio acompañado de su hijo.

El 18 de agosto de ese año, en la comunidad de Valtierrilla en Salamanca, los oficiales Juan Manuel Verhara Rojas, Martín Alberto García Ortega y Luis Ángel Reséndiz Muñoz fueron privados de la libertad y luego asesinados.

El 19 de enero de 2018, el director operativo de la policía de Irapuato, Javier Castañeda Vargas, fue ejecutado cuando se dirigía a su vivienda, ubicada en la comunidad de La Trinidad, en el municipio de Abasolo, tras salir de su turno.

Al día siguiente dos comandantes de la policía de San José Iturbide fueron privados de la vida durante un patrullaje de vigilancia en la colonia María Teresa.

La muerte de los comandantes puso en evidencia las carencias, falta de equipo y seguridad social, así como bajos salarios con que trabajan la mayoría de los oficiales en la entidad.

El pasado 21 de enero, un grupo de uniformados de San José Iturbide se manifestaron en la presidencia municipal para exigir que fueran indemnizadas las familias de sus compañeros caídos.

Los gendarmes denunciaron que carecen de armamento, buenos equipos de comunicación y patrullas, así como de seguridad social y sueldos dignos.

En los 10 años recientes las fuerzas de seguridad han dejado de limitarse a faltas administrativas y delitos del fuero común para enfrentar a grupos de la delincuencia organizada que se disputan el tráfico de drogas y el robo de hidrocarburos.

La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado no los protege: Quedan excluidos del régimen de esta ley los miembros de las policías estatales o municipales, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas de tránsito y los trabajadores de confianza, pero tendrán derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, estipula el artículo 8.

El Congreso del estado está por discutir una iniciativa del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para dar seguros de vida y de discapacidad a los oficiales que mueran o queden lisiados en el combate al crimen.

La reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública permitiría que los uniformados reciban hasta 200 meses de salario íntegro –equivalentes a 16 años y medio de trabajo– en caso de quedar discapacitados. Si el policía fallece, la familia recibiría 300 meses de salario íntegro, equivalentes a 25 años de sueldo.

Estrategia de terror

El crimen organizado comenzó a asesinar policías para infundir terror; aprovecha que son un grupo vulnerable con carencias laborales, de preparación y equipo, coincidieron Jesica María Vega Zayas y Jacobo Herrera Rodríguez, investigadores de la Universidad de Guanajuato especializados en estudios sociales.

Con la llegada de la Policía Militar a Guanajuato, consideraron, se recrudecieron la violencia contra las fuerzas de seguridad, el robo de combustible y los enfrentamientos entre grupos delictivos de Michoacán y Jalisco, que buscan el control del estado.

Hay mensajes encontrados. Uno es: te voy a combatir más fuerte, con mi mejor arma, que es la (Secretaría de la) Defensa Nacional, pero también está el mensaje de debilidad, porque no pude con instituciones preparadas y jurídicamente amparadas para estas tareas, expuso Jacobo Herrera.

–¿Por qué matan policías?

–Es una estrategia, se siembra terror. La policía es emergente; si matan a un director de seguridad, mañana nombran otro, pero con el terror de lo que le pasó al antecesor –responde Herrera.

–¿Qué hacer para proteger a los policías y que no sean presa fácil del crimen?

–Necesitamos una policía más preparada, que tenga elementos de inteligencia. Tiene que haber intervención financiera al crimen. Se necesita un servicio civil de carrera policial. No puede estar en un área directiva alguien que no tenga experiencia; no son espacios de desarrollo político –explica Jesica María Vega.

La delincuencia organizada aprende de sí misma; un gobierno termina en un sexenio o un trienio y todo es borrón y cuenta nueva. Estamos en una situación crítica. Falta preparación en inteligencia y coordinación, añade.

Los investigadores coincidieron en que las pruebas de control de confianza han debilitado a las corporaciones en vez de fortalecerlas, al disminuir el número de elementos. Sostuvieron que los exámenes no son confiables, que los ex policías excluidos no son contratados por empresas y terminan engrosando las filas de los grupos criminales.

“Ya están capacitados, saben las claves, tienen información. Recordemos que el brazo armado de Los Zetas era un grupo que capacitó la Sedena y desertó”, concluyó Herrera Rodríguez.

Suben homicidios 42% en cinco años

Carlos García, corresponsal

Guanajuato, Gto.

Al menos 5 mil 229 homicidios dolosos se cometieron en el estado entre 2012 y enero de 2018. Según el procurador de Justicia del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, hasta 90 por ciento podrían estar relacionados con el robo de hidrocarburos.

La mayoría de estos asesinatos se han perpetrado en la presente administración estatal, encabezada por Miguel Márquez Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN), quien asumió la gubernatura el 26 de septiembre de 2012.

De acuerdo con estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), los homicidios dolosos aumentaron 42 por ciento en 2017, en comparación con los cometidos durante 2012.

El SNSP reportó que en 2012 se cometieron 771, 281 de ellos con armas de fuego; en 2013 las cifras fueron de 641 y 403, respectivamente; 2014, 709 y 429, y en 2015, 879 y 604.

En 2016 fueron asesinadas 961 personas, 681 con arma de fuego; en 2017, mil 96, 955 a balazos.

En enero de este año se cometieron 172 homicidios y en 148 se usaron armas de fuego. La violencia se intensificó en los municipios de Celaya y Apaseo el Grande. Entre el 24 y el 25 de febrero fueron ejecutadas 20 personas en menos de 24 horas.

Jueces liberan a a saqueadores de ductos, señala Márquez

En su más reciente informe de gobierno, el pasado primero de marzo, Miguel Márquez Márquez reconoció que los homicidios aumentaron en Guanajuato, pero dijo que la entidad ocupa el lugar 16 en la escala nacional.

Reprochó que los jueces liberan a 95 por ciento de las personas detenidas por robo de combustible. Dio a conocer que han detenido a más de 900 huachicoleros, pero sólo 5 por ciento de ellos llegaron a la cárcel.

En junio de 2017 un grupo armado asesinó a una mujer embarazada e hirió a dos personas y a una bebé de siete meses en el municipio de León.

Ese mismo mes, en Silao, una niña de tres años murió cuando atacaron a su padre dentro de su vivienda.

A mediados de febrero pasado, una bebé de cinco meses de edad fue ultimada a tiros junto con su padre, en el municipio de Silao. En el ataque resultó lesionada la esposa del hombre asesinado.

El 24 de enero, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y regidor en el ayuntamiento de Celaya, Jorge Montes González, fue ejecutado cuando circulaba en su camioneta cerca del fraccionamiento Arboledas del Campestre.

Un día después el jefe de Fuerza Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), Lineol Alfonzo Rocha, fue asesinado en el bulevar Bicentenario y la calle Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Salamanca.

Con mil 852 tomas clandestinas detectadas durante 2017, Gunajuato se ubicó en el primer lugar nacional en robo de combustibles a Petróleos Mexicanos, según el reporte anual de la empresa.