ue 2017 el annus horribilis de la industria de la refinación en México. La utilización de su capacidad instalada se derrumbó a 48 por ciento, una cifra sin precedente. La producción de gasolina y diesel disminuyó 24 por ciento respecto a la registrada en 2016 y 45 por ciento en relación con la observada en 2013. Para satisfacer la demanda interna México tuvo que importar más de 71 por ciento de la gasolina consumida en el país, 66 por ciento del diesel y más de la mitad del gas LP. Este nivel de dependencia en las importaciones es poco común en el mundo, menos aún en un mercado del tamaño del de este país; refleja un desempeño inequívocamente desastroso y plantea complejos problemas de seguridad energética. Es el resultado de un largo proceso de deterioro de la refinación que ojalá haya tocado fondo.

La industria de la refinación en México está obligada a invertir sumas cuantiosas para aumentar la formulación de productos petrolíferos, cumplir con las especificaciones exigidas por los motores de combustión interna y mejorar la rentabilidad de los centros industriales que los elaboran. Durante muchos años se ha asignado insuficiente capital al logro de estos objetivos, lo que ha contribuido al deficiente desempeño de las actividades de refinación.

La secuencia lógica de una estrategia vigorosa de inversiones en refinación se integra por tres etapas claramente definidas. La primera supone hacer inversiones que permitan elevar sustancialmente el volumen de crudo procesado en las actuales refinerías de manera eficiente. Inicialmente esto debe lograrse mediante un programa intenso y eficaz de mantenimiento integral de dichas refinerías. Una primera meta sería regresar a niveles de procesamiento de crudo observados en 2013, por ejemplo. Ello entrañaría un incremento de al menos 340 mil barriles diarios de gasolina y diesel.

En una segunda fase se harían inversiones para romper diversos estrangulamientos que limitan la utilización eficiente de la capacidad instalada. Un tercer grupo de inversiones incluye el relanzamiento del programa de formulación de diesel de ultra bajo azufre que ha sido diferido en varias ocasiones, provocando un rezago importante frente a los requerimientos de motores producidos en el país.

La segunda etapa, que se empalma parcialmente sobre la primera, es la correspondiente a la reconfiguración y modernización de las refinerías de Salamanca y Salina Cruz. La de Tula ha avanzado en años recientes y se espera que este proyecto concluya en la primera mitad de 2021, siempre y cuando se asignen recursos suficientes. Debe llamarse atención sobre el elevado costo de estas reconfiguraciones, que superan en promedio los 3 mil millones de dólares cada una, y el plazo mínimo de tres años que supone su ejecución. De tomarse la decisión final de inversión de las dos primeras refinerías mencionadas el primero de enero de 2019 estas reiniciarían operaciones en el transcurso de 2022. Debe advertirse que ello es poco probable pues aún no se cuenta con el diseño y la ingeniería iniciales (FEED).

Uno de los objetivos centrales de estos proyectos es la conversión del combustóleo –un producto residual cuya demanda tiende a desaparecer– en gasolina y diesel. El programa de gasificación de centrales eléctricas e instalaciones industriales sustituye este combustible altamente contaminante y poco competitivo. Por otra parte su mercado externo se desplomará a partir de 2019 ante la inminente adopción a principios de 2020 de la prohibición del uso de combustóleo pesado de alto azufre en embarcaciones, que fue acordado por la Organización Marítima Internacional. Ésta reducirá la demanda y el precio del combustóleo, afectando severamente la rentabilidad de las refinerías que lo sigan produciendo. Por esta razón es necesario prever que Salamanca y Salina Cruz incurrirán inexorablemente en fuertes pérdidas en la primera mitad del próximo periodo gubernamental.

La tercera etapa estaría constituida por las inversiones en nueva capacidad de refinación. Es la parte más costosa de una estrategia que deberá cumplir previamente con una serie de prerrequisitos. El primero de ellos es la necesidad de que el sistema nacional de refinación pueda aumentar su eficiencia operativa a niveles que justifiquen la inversión en nuevas refinerías. Invertir en instalaciones industriales que arrojen pérdidas sustanciales impide la recuperación del capital asignado a ellas. Va a ser difícil que las nuevas refinerías inicien operaciones antes del fin del próximo periodo gubernamental. Su planeación, construcción y puesta en marcha, en adición a los otros proyectos a los que se ha hecho alusión en esta nota, bien puede tardar más de seis años.

Un mejor desempeño de las refinerías de Pemex exige un cambio fundamental en la gestión de cada una de ellas y en las prácticas industriales que hoy las caracterizan. La gerencia tiene que estar profundamente comprometida con los resultados de las instalaciones bajo su responsabilidad y con la eliminación de añejos arreglos patrimoniales que las lesionan. A su vez, el sindicato petrolero está obligado a aceptar y apoyar la administración eficiente de las operaciones y el mantenimiento de las refinerías. Los términos y condiciones del actual contrato colectivo de trabajo, así como su instrumentación en la práctica, claramente lo impiden.

Un dilema importante que el nuevo gobierno tendrá que resolver se refiere al papel que la inversión privada jugará en su estrategia de refinación, particularmente en la construcción de nuevas refinerías. El apoyo de recursos privados sólo podrá darse si hay en México un mercado abierto que determine el precio al mayoreo de productos petrolíferos, así como un marco regulatorio autónomo que garantice su competitividad. Requerirá también mayor flexibilidad laboral y condiciones que permitan una gestión eficiente de las refinerías. Estos requisitos implican reformas fundamentales respecto a prácticas industriales actuales. Además, la estructura y las reglas de operación de una coinversión en este campo, entre Pemex y particulares, necesita acomodar retos particularmente complejos.

Una alternativa es el financiamiento público de esta inversión. Ello supone el gobierno efectivo de una empresa pública que deje de caracterizarse por su ineficiencia, corrupción y mala administración. Supone también cuantiosos recursos fiscales dado que una nueva refinería con una capacidad de proceso de 250 mil barriles diarios cuesta del orden de 7 mil millones de dólares. Los costos del programa de inversión descrito son sustanciales, estimándose en cuando menos 25 mil millones de dólares. Este monto refleja lo que dejó de hacerse en el pasado, así como nuevas condiciones de la industria. Pemex tendrá que comprometerse con el desarrollo de un sector de refinación intensivo en capital capaz de competir con combustibles importados y desplazarlos.

* Investigador visitante en el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia Fue director general de Pemex en 1994-1999