El sindicato minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia desconoció el recuento de votos que el pasado miércoles efectuó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en la mina San Martín de Sombrerete, Zacatecas, pues se usó un padrón inflado con ex trabajadores mineros sin derecho a votar, aseguró Óscar Alzaga Sánchez, representante legal del gremio.

Sin embargo, ayer el gobernador priísta Alejandro Tello Cristerna dio por válido el recuento para reabrir la mina y adelantó que el próximo martes se reunirá en la Ciudad de México con directivos de Grupo México. Es un momento histórico para Zacatecas. Me van a presentar un cronograma para volver a trabajar en la mina, dijo.

En conferencia de prensa, Alzaga Sánchez precisó que la JFCA utilizó en el recuento un padrón que le proporcionó la minera San Martín –impugnado por el sindicato en 2017–, pues incluye como votantes a ex trabajadores liquidados, jubilados e incluso muertos.

Acompañado por integrantes de la sección 201 del sindicato en la mina San Martín –propiedad de Germán Larrea Mota Velasco–, explicó que la mañana del miércoles se le pidió al presidente Enrique Peña Nieto cancelar el recuento y advirtió que cualquier laudo que la JFCA emita sobre el recuento fraudulento carecerá de validez.

“¿Qué respuesta nos dieron? El Presidente llamó al secretario del Trabajo para preguntarle qué pasaba en la mina y la respuesta fue: ‘Señor Presidente, vamos a reabrir la mina San Martín, para que siga trabajando’. Lo que hicieron fue un fraude”, apuntó.

Lo que sigue, adelantó Alzaga Sánchez, es promover un amparo contra la resolución, pues si la la JFCA no puede emitir un laudo, y si lo emite, peor. Tenemos pruebas de los 160 trabajadores que no debían votar, indicó.

Recordó que el 30 de julio de 2007 estallaron las huelgas en las minas de Cananea, Taxco y Sombrerete por falta de seguridad y fueron declaradas legales. En 11 años Germán Larrea o sus representantes nunca se han querido sentar a dialogar con el sindicato, manifestó.

En Chilpancingo, Guerrero, el delegado del sindicato minero, Indalecio Pérez Morones, ratificó que debido a diversos abusos, falta de respuesta a sus demandas e información falsa difundida por la minera canadiense Media Luna, subsidiaria de Torex Gold Reosurces, los mineros y representantes de los ejidos que ocupa la mina en Cocula demandaron la salida de la empresa y del sindicato, afiliados a la Confederación de Trabajadores de México.

En conferencia de prensa, Pérez Morones, acompañado por pobladores de las localidades afectadas, desmintió que Media Luna pague 182 mil pesos por hectárea a cada uno de los ejidatarios. Paga de 22 mil a 25 mil pesos por hectárea, dijo.