Desde abril de 2017, los gobiernos de México y de Estados Unidos acordaron que la extradición de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas detenido en Italia, será al país vecino, ya que la solicitud de la justicia estadunidense cumple en mayor medida con los criterios establecidos por los instrumentos internacionales para este caso.

Sin embargo, fuentes federales señalaron que el fallo de la corte italiana no implica que se cancele la posibilidad de trasladarlo a territorio nacional, por lo que aún continúa en proceso dicha solicitud.

El lunes pasado, la Corte Suprema del país europeo determinó, dentro de La Sexta Sección Penal, que hay condiciones para extraditar al ex mandatario a Estados Unidos. En relación con la solicitud de México al respecto, pidió que el Tribunal de Apelaciones de Florencia examine de nuevo el caso.

El 18 de abril de 2017, el entonces titular de la Procuradoría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, se reunió en Washington con el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, con quien acordó dar prioridad a la petición que tuviera mayores elementos, ya que Yarrington era buscado por ambos países.

A partir de los elementos con que se cuentan, se considera pertinente solicitar al gobierno de Italia que dé preferencia al requerimiento planteado por Estados Unidos, indicó en su momento la PGR.

El acuerdo también contempla que se apruebe la extradición a México para que sea juzgado en el país, pero después de cumplir su sentencia en la nación vecina, donde es buscado por tráfico de drogas y delitos relacionados con lavado de dinero.

Fuentes del gobierno federal explicaron que la corte italiana no negó la extradición a México, sino que sólo resolvió lo referente a Estados Unidos y todavía queda pendiente de analizar y resolver la petición de las autoridades nacionales. Hasta que no se emita dicho fallo, la PGR no puede impugnar.

El ex mandatario, quien estuvo al frente del gobierno tamaulipeco de 1999 a 2004, fue detenido el 9 de abril de 2017 en Florencia, Italia, tras una cooperación entre las agencias estadunidense, italiana y mexicana.

Tenía una orden de aprehensión en México desde 2012, acusado de recibir sobornos de los cárteles del Golfo y Los Zetas, y realizar operaciones de lavado de dinero por medio de un prestanombres para la compraventa de bienes inmuebles.