La Ley de Seguridad Interior no tiene sustento teórico, se trata de una decisión política con la que se legaliza el despliegue del Ejército en las calles para emprender una estrategia de control social. La idea es convertir a la ciudadanía en el enemigo del Estado, aseveró Rodrigo Gutiérrez Rivas, coordinador del área de derechos humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al participar en la segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos –que organizan de manera conjunta la UNAM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)–, el investigador documentó que el nivel de violencia en el país creció con la estrategia de seguridad iniciada en 2006.

Dio a conocer un mapeo realizado por el IIJ, que expone el promedio entre muertes y heridos en los enfrentamientos de presuntos integrantes del crimen organizado y las fuerzas armadas en el periodo 2007-2013.

Recordó que en Brasil se comenzaron a preocupar cuando la cifra llegó a 2.6 muertos por cada herido, las cuales en el caso mexicano han rebasado por mucho ese número: cuando participa el Ejército son 9.1 fallecidos por cada lesionado, y cuando es la Marina son 17.3 muertos por cada herido. Es un uso desproporcionado de la fuerza mortal, indicó.

Desde que las fuerzas armadas se usan en labores de seguridad, subrayó, aumentó exponencialmente la tasa de homicidios, convirtiendo a 2017 en el año más violento en ese sentido en los últimos 20 años, y el incremento de las quejas ante la CNDH por cateos o detenciones ilegales, torturas y tratos crueles y ejecuciones extrajudiciales.

Enfatizó que la Ley de Seguridad Interior no sólo es anticonstitucional, sino también anticonvencional e incluso va en contra de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el Estado mexicano, los cuales está obligado a cumplir.

¿Por qué nos quieren convencer que sólo se trata de una estrategia contra el narcotráfico? No se tiene una idea conceptual o sustento teórico sobre lo que es seguridad interior, pero desde mi punto de vista lo que está detrás de esta ley es convertir a los ciudadanos en los enemigos del Estado.

En su turno, Ina Zoon, coordinadora de programas de justicia penal para una sociedad más abierta, de la organización Open Society, subrayó que más que destinar millonarios presupuestos a una estrategia militarizada, se debería invertir en erradicar la corrupción política de las altas esferas del poder, que protegen desde el aparato de Estado a los criminales.

En un Estado realmente preocupado por la seguridad de sus ciudadanos y el éxito de la lucha contra el crimen organizado, ¿no sería normal que se priorizara la lucha contra la corrupción política? ¿No sería normal el desmantelamiento de esas redes?

Aseveró que a lo largo de esta década México ya pasó de la retórica de que todos los crímenes son cometidos por el crimen organizado y de que las violaciones a los derechos humanos son incidentes aislados. Ahora ya estamos en un discurso en donde estas violaciones son sistemáticas y generalizadas, y en que hay indicios que en estos 10 años en México se han cometido crímenes de lesa humanidad.

Por ello, dijo, es momento de que el país busque la colaboración de un organismo internacional para que lo apoye en la lucha contra el crimen organizado.