Querétaro, Qro.

El gobierno estatal revisa la solvencia de Advance Real Estate 2, compañía propiedad de Manuel Barreiro Castañeda, que obtuvo 103 hectáreas para instalar un parque industrial en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), señaló el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio del Prete Tercero.

Barreiro Castañeda es señalado como presunto responsable de realizar operaciones de lavado de dinero en el extranjero y en paraísos fiscales en favor de Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal indicó que revisan documentos jurídicos, financieros y comerciales de esa empresa con el propósito de detectar si tiene solvencia económica y no está inhabilitada por la autoridad correspondiente para realizar servicios comerciales.

Explicó que el 16 de junio de 2017, en el periódico La Sombra de Arteaga se publicó el decreto por el cual el Congreso estatal autorizó al gobernador panista Francisco Díaz Servién suscribir todos los instrumentos necesarios para la instalación y operación de un parque industrial en el AIQ, en el que se incluyó la creación de un fideicomiso público.

Dijo que a la fecha el gobierno de Querétaro no ha inscrito ningún instrumento jurídico vinculado con el terreno y Advance Real Estate 2, además de que no constituyó el fideicomiso, y explicó que tampoco la administración estatal ha entregado recursos públicos como parte de lo señalado en el decreto.

Explicó que las 103 hectáreas de terreno están catalogadas como terreno baldío, y en los seis artículos del decreto la autorización fue para acciones futuras. Insistió en que no se ha concretado ningún acto jurídico.

De acuerdo con el decreto, Advance Real Estate 2 planteó a la Sedesu la intención de realizar de manera conjunta con el gobierno de Querétaro un proyecto para diseñar, construir, desarrollar y operar un parque industrial, en un terreno de 103 hectáreas propiedad del estado, ubicado al interior del AIQ.

En el documento se destaca que como parte del proyecto, en esa superficie habrá 805 mil metros cuadrados para la instalación de nuevas industrias, además de celebrar instrumentos legales, como la creación de un fideicomiso en el que el estado participará al aportar un predio de su propiedad y conservaría el bien, mientras que la empresa se encargaría del desarrollo inmobiliario.